Uno de los lugares donde las personas migrantes han sufrido más la falta de condiciones dignas de acogida ha sido el macrocentro de Las Raíces, en Tenerife. © AI
Un nuevo informe de Amnistía Internacional confirma los graves déficits del sistema de asilo español y echa en falta mayor coordinación y solidaridad entre comunidades para la acogida de personas migrantes y refugiadas.
Las autoridades españolas no han garantizado a las personas migrantes y refugiadas llegadas por mar a Canarias ni condiciones adecuadas de acogida, ni acceso a un procedimiento de asilo justo y eficiente. Así lo subraya el informe publicado por Amnistía Internacional España, que denuncia el hacinamiento y el sufrimiento innecesario causado por la mala gestión y la falta de capacidad de acogida en las islas, así como por la decisión gubernamental de limitar los traslados a instalaciones disponibles en la península.
En 2020, con la pandemia de la COVID-19 y el cierre de fronteras como telón de fondo, la peligrosa ruta de Canarias se convirtió en uno de los grandes puntos de entrada a España para personas migrantes y refugiadas de África. La presión migratoria, como ya sucedió en 2006 con la ‘crisis de los cayucos’, se trasladó a las islas, adonde llegaron 23.023 personas en 2020 (756,8% más que las 2.687 de 2019), 19.090 de ellas entre septiembre y diciembre. La mayoría de estas personas procedían de Marruecos, Senegal, Malí, Costa de Marfil, Guinea y Gambia.
Migración en Canarias: ni acogida digna, ni acceso a protección internacional
¡Descárgate el informe!A 14 de noviembre de 2021, la cifra total de personas llegadas a las islas Canarias era de 19.865, un 9,5% más que en el mismo periodo del año anterior. La ruta canaria es una de las más peligrosas del mundo, y ha registrado más muertes en los seis primeros meses de 2021 (más de 1.900 personas ahogadas en 57 naufragios, según la ONG Caminando Fronteras) que en todo 2020.
Sistema de asilo fallido
Amnistía Internacional lleva muchos años denunciando los graves déficits del sistema de asilo español (regulado por una Ley de 2009 que sigue sin desarrollo reglamentario) que se traducen en violaciones de derechos humanos. También ha documentado la falta de información a las personas migrantes sobre sus derechos, la falta de asistencia letrada o asesoramiento inadecuado e insuficiente, el insuficiente servicio de intérpretes, los obstáculos para solicitar protección internacional, la falta de mecanismos adecuados para identificar a personas vulnerables, las violaciones del derecho a no sufrir expulsiones sumarias o arbitrarias, las restricciones injustificadas de la libertad de movimiento, insuficientes medios para la adecuada recepción de menores no acompañados –situación agravada por la escasa solidaridad interterritorial para acogerlos en otras comunidades–, etcétera. Y muchas veces con problemas añadidos, como la falta de traslados a la península (en 2020 apenas hubo 2.618), que puede favorecer brotes de racismo o xenofobia contra personas migrantes obligadas a permanecer en las islas sin horizontes de trabajo o integración. Efectivamente los hubo, aunque tuvo más fuerza el movimiento de solidaridad para aliviar la situación de miles de personas necesitadas.
Amnistía Internacional España ha vuelto a analizar la cuestión en un informe que recoge una exhaustiva investigación de más de un año (de septiembre de 2020 a noviembre de 2021), con dos visitas sobre el terreno y múltiples entrevistas y reuniones con personas migrantes y refugiadas, representantes de ONG que trabajan con ellas, profesionales del derecho y la comunicación, autoridades autonómicas de Asuntos Sociales, representantes de los Ministerios de Interior y de Inclusión, Seguridad Social y Migración, responsables policiales y de las fiscalías de Extranjería y de Menores, así como representantes de la Agencia Europea de Asilo (EASO) y de ACNUR.
El informe confirma, una vez más, que las personas migrantes y refugiadas llegadas a Canarias, sobre todo en 2020, encontraron unas condiciones de acogida indignas y numerosos obstáculos para acceder a protección internacional, sin protocolos adecuados para la identificación y protección de personas vulnerables y con unos servicios de acogida para niñas y niños no acompañados colapsados y sin apenas colaboración ni apoyo de otras comunidades.
El informe documenta serios obstáculos en el acceso a un procedimiento de asilo justo y con plenas garantías en Canarias en 2020 y 2021. Y aunque las autoridades pretenden explicar el bajo número de peticiones de asilo por la supuesta condición de ‘migrantes económicos’ de quienes utilizan la ruta atlántica, todo indica que la falta de información sobre sus derechos y la ineficacia del sistema de asilo estaría desalentando a muchas personas de solicitarlo. Interior cifraba en 111.740 las peticiones pendientes de resolver al acabar 2019, y Eurostat contaba 103.410 en diciembre de 2020. Además, los datos pueden estar subestimados porque la alternativa al colapso del sistema, la llamada “declaración de voluntad de pedir asilo”, no tiene efecto jurídico ni se recoge en las estadísticas mientras no se formalice la petición.
Recursos de emergencia
Uno de los episodios más terribles, en el último cuatrimestre de 2020, tuvo como escenario el muelle de Arguineguín, donde más de 2.000 migrantes -hombres, mujeres, niños y niñas, incluidos menores no acompañados- estuvieron retenidos durante semanas en condiciones lamentables, a la intemperie con temperaturas de hasta 40 grados, sin agua potable suficiente y sin debidas medidas de higiene. A ello se sumaron restricciones a la libre circulación para controlar la pandemia y una política oficial de restringir traslados a la península para evitar un supuesto “efecto llamada”, lo que llevó a un punto crítico la capacidad de acogida del archipiélago.
Amnistía Internacional advierte de que la privación de libertad de personas migrantes debe ser siempre la última medida y bajo circunstancias excepcionales, y recalca que la prolongación de la privación de libertad de migrantes y solicitantes de asilo más allá de los límites legales permitidos, sin autorización judicial y por motivos no autorizados por el derecho nacional o internacional, hace que tal detención sea arbitraria e ilegal.
La escasez de recursos de acogida en las islas (según el Defensor del Pueblo, en 2019 había tres centros con capacidad para 78 personas, y en 2020 se abrieron otros ocho hasta totalizar 388 plazas) llevó a utilizar como recursos de emergencia polideportivos y escuelas cerradas por la pandemia, hasta que en septiembre de 2020 se añadieron provisionalmente 5.500 plazas en 17 hoteles alquilados por el Ministerio de Inclusión. Por otra parte, el Plan Canarias para la acogida de emergencia, adoptado por ese Ministerio en noviembre de 2020, no pasó de ser una solución improvisada frente a una situación ya insostenible que incluso provocó protestas de migrantes por las malas condiciones de vida en algunos macrocampamentos. Se abrieron tres macrocentros en Gran Canaria (1.450 plazas), dos en Tenerife (4.500 para hombres) y uno en Fuerteventura (700 para hombres), aunque esa alternativa no alcanzó a El Hierro y Lanzarote, que todavía carecen de una mínima red de acogida estable.
Vulnerables e ‘invisibles’
El Estado español tampoco está cumpliendo con sus obligaciones para detectar y priorizar la acogida de personas vulnerables con necesidades especiales. Al cierre del informe, España carece de un mecanismo formal para su detección, lo que compromete los derechos de mujeres que huyen de la violencia de género –incluida violencia sexual–, víctimas de trata, personas LGTBI o niñas y niños no acompañados.
En el caso de las mujeres, varias profesionales coincidieron en señalar que sus necesidades específicas eran invisibles y a menudo no se atendían. Ellas mismas contaban que, cuando planteaban sus problemas de salud, sentían que no se las escuchaba o no se las tomaba en serio. A Amnistía le preocupa, por otro lado, la falta de identificación de víctimas de trata, al no haber un mecanismo adecuado para ello, sobre todo en las llegadas masivas.
Respecto a los niños y niñas no acompañados, las autoridades reconocieron en abril a Amnistía Internacional España que no sabían exactamente cuántos habían llegado en 2020. En septiembre, más de mil estaban pendientes de algún trámite –como las pruebas de edad–, a veces con esperas superiores a un año y en riesgo de acabar en la calle en un auténtico limbo sin derechos. La falta de una política estatal de traslado a otras comunidades y la escasa solidaridad interterritorial han complicado aún más su horizonte al saturar el sistema de acogida de Canarias y abocarles a residir en hoteles y macrocentros sin las condiciones básicas ni el personal cualificado para atender adecuadamente a los menores.
En ese problemático escenario, con programas concebidos habitualmente para adultos y sin enfoque de infancia, Amnistía ha conocido denuncias sobre castigos abusivos, uso excesivo de la fuerza, amenazas e insultos racistas por parte de educadores. También sobre malas condiciones de vida, falta de ropa adecuada y hasta de mascarillas, falta de escolarización y falta de tiempo de ocio o salidas, ni siquiera con fines educativos. E incluso, según una denuncia anónima a la Fiscalía en junio que se atribuye a extrabajadores de una organización que gestionaba un centro para menores ya cerrado, sobre supuestos casos de agresión sexual, prostitución y violencia física y maltrato continuado por parte de algunos trabajadores.
La aprobación por el Gobierno de la reforma del Reglamento de Extranjería podría significar un avance para los derechos de las niñas y niños no acompañados, pero Amnistía Internacional considera que su situación difícilmente se resolverá sin una revisión profunda del sistema de determinación de edad. En cualquier caso, en toda iniciativa debe primar siempre el interés superior del menor.
Apoyo europeo condicionado
En clave europea, Amnistía recuerda que España está recibiendo ayuda económica y técnica de la UE para la gestión de fronteras, acogida, asilo e identificación de vulnerabilidades, por lo que la Comisión Europea –a través de sus mecanismos comunitarios de transparencia y rendición de cuentas– debe condicionar cualquier apoyo a que el país cumpla las obligaciones contraídas en esa materia. Por otra parte, un elemento clave en el horizonte será el desarrollo del nuevo Pacto sobre Migración y Asilo propuesto por la Comisión Europea el 23 de septiembre de 2020, que establece un marco común para la gestión migratoria e incluye diversas propuestas legislativas.
Al final, a falta de rutas legales y seguras y de una política de visados que permita una migración ordenada, muchas personas no encuentran otra opción que embarcarse en rutas cada vez más peligrosas y mortíferas.
Peticiones de Amnistía Internacional
Amnistía Internacional exige a las autoridades españolas que aborden de una vez por todas las deficiencias de un sistema de protección internacional que está causando sufrimiento a miles de personas, como son:
- la falta de acceso a información y a asistencia letrada,
- las condiciones de acogida indignas,
- los problemas estructurales para acceder a procedimientos de asilo.
Además, pide al gobierno que España cuente con un procedimiento o mecanismo formal estandarizado para la detección de perfiles vulnerables, como los y las menores no acompañados.
También exige que se establezca un mecanismo de solidaridad interterritorial para garantizar una adecuada acogida a estos niños y niñas, con independencia de la ciudad o comunidad autónoma a la que lleguen.