Migrantes frente a militares bielorrusos cerca de la frontera bielorruso-polaca en la región de Grodno. (Foto de Oksana Manchuk/BELTA/AFP vía Getty Images)
Resumen de la situación de los derechos humanos en Europa y Asia Central y los cambios que se han producido en la región a lo largo de 2023.
Europa Oriental y Asia Central
Persistía el ataque intenso y constante a las libertades y los derechos humanos, avivado por la guerra en curso de Rusia contra Ucrania, que condujo a un endurecimiento del autoritarismo en toda la región. Los gobiernos persiguieron a quienes defendían los derechos humanos, reprimieron la disidencia y a menudo criminalizaron de hecho el derecho a la libertad de expresión y la información independiente sobre derechos humanos, calificándola de “noticias falsas” e intentos de “desacreditar” políticas o instituciones. Las perspectivas de una promoción y protección efectivas de los derechos humanos eran poco esperanzadoras.
La guerra pasó a ser la “nueva normalidad” en la región. El bloqueo impuesto por Azerbaiyán a una ruta clave al territorio escindido de Nagorno Karabaj originó una crisis humanitaria que puso en peligro miles de vidas, y su posterior ofensiva militar causó el desplazamiento de más de 100.000 personas a Armenia prácticamente de un día para otro.
La incesante agresión de Rusia contra Ucrania se convirtió en una guerra de desgaste, y la lista de crímenes de guerra y otros crímenes de derecho internacional no dejó de crecer. La población civil, incluida la infantil, soportó terribles sufrimientos merced a la pérdida de vidas y las lesiones, la destrucción de viviendas e infraestructuras básicas, los desplazamientos masivos continuados, y el peligro y la destrucción medioambientales.
Las iniciativas para establecer mecanismos internacionales de justicia a raíz de la guerra en Ucrania, incluido uno sobre el crimen de agresión, fueron infructuosas. La Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de detención contra Vladimir Putin, pero eso no impidió al presidente ruso visitar Arabia Saudí, Kazajistán y Kirguistán, entre otros países no Partes en el Estatuto de la CPI.
Aparte de los conflictos militares, la discriminación y las represalias contra minorías religiosas eran comunes. La tortura y otros malos tratos seguían siendo endémicos y las personas sospechosas de responsabilidad penal disfrutaban de impunidad. Persistían los altos niveles de violencia contra las mujeres y de violencia de género en el ámbito familiar. Los derechos relativos al género estaban en retroceso. La contaminación del aire, principalmente debida a los combustibles fósiles, perjudicó seriamente a la salud humana en todos los países de la región.
Libertad de expresión
El ejercicio de la libertad de expresión cayó en picado debido al abanico cada vez mayor de represalias utilizadas contra las voces críticas, que incluían acusaciones de “extremismo”, “justificación del terrorismo”, “difusión deliberada de información falsa” y “propaganda” LGBTI.
Rusia alcanzó nuevas cotas de censura en tiempo de guerra y no perdonó una sola voz disidente. Miles de personas fueron sancionadas y cientos se enfrentaron a causas penales infundadas, entre ellas el activista de oposición Vladimir Kara-Murza, condenado a 25 años de prisión por “traición al Estado”.
Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán y Tayikistán, entre otros, pusieron entre rejas a decenas de personas críticas con el gobierno. En Kirguistán se presentó un proyecto de ley de medios de comunicación que prohibía la difusión de “materiales perjudiciales para la salud y la moralidad de la población”. En Turkmenistán, la libertad de información seguía sometida a tal grado de represión que la escasez de alimentos básicos y el trabajo forzoso estaban ocultos a la vista.
Libertad de asociación
En toda la región se reprimió o anuló a la sociedad civil, y un cruel ejemplo de ello seguía siendo Rusia, donde era constante el aumento del número de personas y organizaciones de la sociedad civil calificadas de “agentes extranjeros” u “organizaciones indeseables”, lo que limitaba su participación en la vida pública. También se reformó el Código Penal para penalizar “las actividades” de ONG extranjeras sin sede registrada en Rusia, lo que en la práctica castigaba toda forma de cooperación con la mayoría de los grupos de la sociedad civil que estaban fuera del país. Se cerraron organizaciones de derechos humanos tan importantes como el Grupo Moscovita de Helsinki, el Centro Sájarov y el Centro SOVA.
Bielorrusia clausuró el destacado grupo de derechos humanos Viasna, junto a decenas más de organizaciones independientes de la sociedad civil, e impuso años de prisión a sus dirigentes. Kirguistán descendió a nuevas cotas al avanzar hacia la adopción de un proyecto de Ley sobre “Representantes Extranjeros” —basado en la legislación rusa sobre “agentes extranjeros”— y amenazar con el cierre a muchas ONG. En Moldavia se negó arbitrariamente la posibilidad de presentarse a las elecciones locales a los miembros del partido Shansa.
En un excepcional caso de éxito, las protestas públicas generalizadas en Georgia contra un anteproyecto de Ley sobre Transparencia de la Influencia Extranjera obligaron a retirarlo.
Libertad de reunión pacífica
Autoridades de toda la región restringieron gravemente las protestas en la calle, que ya eran excepcionales o inexistentes en muchos países, mientras que en Rusia y otros lugares hubo grandes concentraciones progubernamentales. El uso ilegítimo de la fuerza por los organismos encargados de hacer cumplir la ley era la norma. Kirguistán impuso una prohibición casi total de las manifestaciones pacíficas en la capital, Bishkek, y en algunas provincias. Las autoridades de Bielorrusia y Kazajistán continuaban identificando y encarcelando a personas que habían participado pacíficamente en protestas.
La policía de Georgia empleó gas lacrimógeno y cañones de agua para disolver una manifestación en gran medida pacífica celebrada en marzo. En Turkmenistán, la policía hizo uso innecesario y desproporcionado de la fuerza para detener protestas contra la escasez de pan.
Las autoridades deben dejar de esgrimir pretextos para reprimir la disidencia e impedir el debate sobre su historial en materia de derechos humanos. Deben poner fin al hostigamiento y enjuiciamiento de voces críticas, impedir el uso ilegítimo de la fuerza por las fuerzas de seguridad durante las protestas y derogar o reformar toda legislación que vulnere el derecho de reunión pacífica.
Libertad de religión o de creencias
La discriminación y las represalias contra minorías religiosas fueron habituales en toda la región. Tayikistán continuó aplicando sus tácticas represivas contra la población ismailí, que incluían penalizar la oración colectiva en casas particulares. En Rusia y en los territorios de Ucrania bajo ocupación rusa se encarceló a testigos de Jehová por practicar su fe, y las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley persiguieron a los sacerdotes católicos en Bielorrusia y, en Ucrania, a los de la iglesia ortodoxa ucraniana, subordinada en la práctica a la iglesia ortodoxa rusa. En Uzbekistán se siguió procesando a fieles musulmanes por cargos generales e imprecisos de extremismo.
Los gobiernos deben adoptar medidas eficaces para implementar reformas jurídicas y normativas dirigidas a proteger, promover y garantizar plenamente la libertad de religión o de creencias sin discriminación.
Tortura y otros malos tratos
En muchos países, la tortura y otros malos tratos seguían siendo endémicos y las personas con presunta responsabilidad penal disfrutaban de impunidad. En Bielorrusia, quienes iban a prisión por cargos de motivación política soportaban condiciones inhumanas, como reclusión en régimen de incomunicación y falta de asistencia médica adecuada. En Kazajistán, cinco de los seis casos de muerte por tortura tras las protestas de enero de 2022 reconocidos oficialmente llegaron a los tribunales a finales de 2023; sin embargo, la mayoría de los casos restantes fueron archivados por supuesta falta de pruebas. En Moldavia, las personas detenidas seguían sufriendo condiciones de hacinamiento y falta de higiene, así como una provisión deficiente de servicios de salud. En Georgia se denegó la libertad por razones humanitarias al expresidente Mijeil Saakashvili a pesar de la gravedad de su estado de salud y de la falta de asistencia médica adecuada denunciada. En Rusia, Alexéi Navalni fue objeto de desaparición forzada y sometido repetidamente a reclusión arbitraria en régimen de aislamiento.
Los gobiernos deben actuar con urgencia para poner fin a la tortura y otros malos tratos, y hacer que todas las personas con presunta responsabilidad penal comparezcan ante la justicia en juicios con las debidas garantías.
Discriminación y violencia por motivos de género
En Uzbekistán se tipificó como delito por primera vez la violencia de género en el ámbito familiar. Sin embargo, la guerra y una legislación que afianzaba los valores “tradicionales” y “familiares” influyeron en un aumento de la violencia de género y de la violencia contra las mujeres en la región. En Ucrania se registraron cifras sin precedentes de violencia de género intrafamiliar en plena guerra, y los abusos y la violencia sexual contra menores con discapacidad eran generalizados en Kirguistán. En Georgia fue en aumento el uso de lenguaje sexista y misógino contra opositoras políticas, sobre todo por el partido gobernante, y en Azerbaiyán, una de las múltiples formas de violencia de género contra las mujeres era utilizarlas como instrumento de venganza política.
Los gobiernos deben aplicar políticas integrales de prevención de la violencia de género contra las mujeres y las niñas, con medidas que incluyan abordar la arraigada discriminación y los nocivos estereotipos basados en el género, garantizar acceso a protección y apoyo para las sobrevivientes, y combatir la impunidad por delitos conexos.
Violaciones del derecho internacional humanitario
La agresión de Rusia contra Ucrania se caracterizó por persistentes crímenes de guerra. Los ataques indiscriminados de las fuerzas rusas contra zonas pobladas e infraestructuras civiles energéticas y de exportación de cereales fueron habituales. Tanto las fuerzas rusas como las ucranianas utilizaron municiones de racimo a pesar de su carácter intrínsecamente indiscriminado y del peligro duradero que representaban para la población civil. Se calculaba que Ucrania era el país más minado del mundo. La tortura y otros malos tratos a prisioneros de guerra en Rusia y en los territorios de Ucrania bajo ocupación rusa eran generalizados. Un tribunal de Moscú confirmó la condena de 13 años de prisión impuesta al defensor de los derechos humanos ucraniano Maksym Butkevych por un supuesto crimen de guerra que no pudo haber cometido.
Tras la toma militar de Nagorno Karabaj por Azerbaiyán, no se tuvo constancia de avance alguno en la investigación de las violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en años anteriores tanto por las fuerzas azerbaiyanas como por las armenias en esa región, que incluían ataques indiscriminados y desproporcionados, así como presuntas torturas y homicidios de prisioneros.
Todas las denuncias de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad deben investigarse de manera imparcial e independiente, incluso mediante el principio de jurisdicción universal.
Juicios injustos
En muchos países se empleó el sistema judicial para reprimir los derechos humanos en lugar de para protegerlos.
En Rusia, los tribunales manifestaron una profunda parcialidad en contra de las personas acusadas en los juicios por terrorismo, extremismo y alta traición, que normalmente se celebraban a puerta cerrada.
En Bielorrusia persistía la instrumentalización de la judicatura para reprimir todas las voces disidentes, incluso las de profesionales de la abogacía y personas que defendían los derechos humanos. Sviatlana Tsikhnouskaya, Pavel Latushka, Maria Maroz, Volha Kavalkova y Sharhei Dyleuski fueron condenados in absentia a largas penas de prisión por cargos falsos. Nasta Loika fue enviada a la cárcel para cumplir una condena de siete años. En Kazajistán se impusieron siete años de prisión al célebre atleta Marat Zhylanbayev por disidencia pacífica. El Departamento de Estado estadounidense sancionó a cuatro jueces de Georgia por corrupción, abuso de autoridad y menoscabo del sistema judicial.
La ONU expresó profunda preocupación por la definición excesivamente amplia de organización terrorista en Tayikistán, que permitía aplicar restricciones y medidas de excepción al debido proceso. El solicitante de asilo Abdullohi Shamsiddin, deportado por Alemania a Tayikistán, fue objeto de desaparición forzada antes de ser condenado a siete años de prisión. En Uzbekistán, decenas de personas vinculadas a las manifestaciones multitudinarias de Karakalpakistán en 2022 fueron declaradas culpables en juicios injustos por cargos de motivación política.
Derechos de la infancia y de las personas mayores
La guerra de Rusia en Ucrania, que causó grave sufrimiento y privaciones a toda la población ucraniana, volvió más vulnerables a los menores de edad y a las personas mayores.
Según datos de la ONU de noviembre, al menos 569 niños y niñas perdieron la vida y más de 1.229 resultaron heridos desde febrero de 2022. Se calculaba que cientos, y posiblemente miles, habían sido trasladados por las autoridades de ocupación rusas a territorios bajo ocupación rusa o a la misma Rusia. En marzo, la CPI dictó órdenes de detención contra el presidente Vladimir Putin y la comisaria presidencial para los Derechos de la Infancia, Maria Lvova-Belova, por su responsabilidad en este crimen de guerra.
El conflicto afectaba de manera desproporcionada a las personas mayores, que perdían la vida y resultaban heridas en mayor proporción que otros civiles. Las desplazadas tenían dificultades para acceder a una vivienda particular de forma autónoma, y los albergues temporales solían ser físicamente inaccesibles para ellas, sobre todo si tenían alguna discapacidad.
Derechos económicos y sociales
El conflicto militar en la región continuaba afectando a los derechos económicos y sociales. Durante los nueve meses anteriores a su ofensiva militar de septiembre, Azerbaiyán impuso un bloqueo en el corredor de Lachín —carretera que conectaba Nagorno Karabaj con Armenia—, que causó una escasez crítica de alimentos, medicamentos y combustible, entre otros suministros básicos, y desembocó en una crisis humanitaria en la región escindida.
En septiembre, en un grave intento de adoctrinamiento ilegítimo, se impuso un libro de texto de Historia “unificado” al alumnado de educación secundaria en toda Rusia y en los territorios ocupados de Ucrania con la intención de encubrir el historial de derechos humanos de las autoridades soviéticas y rusas. En los territorios ocupados por Rusia, niños y niñas tuvieron que seguir el programa de estudios ucraniano “a escondidas” para evitar represalias.
Los gobiernos deben garantizar el derecho de todas las personas a un nivel de vida adecuado y a una educación de calidad.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
Las personas en movimiento continuaban sufriendo en toda la región. Las autoridades bielorrusas emplearon la fuerza para obligar a migrantes a cruzar al otro lado de las fronteras de la UE, donde corrían peligro de devolución sumaria, y las autoridades de Rusia captaron migrantes para hacer el servicio militar mediante engaños y presiones. Las más de 100.000 personas de etnia armenia desplazadas de Nagorno Karabaj a Armenia se enfrentaban a graves dificultades económicas y a la incertidumbre sobre sus perspectivas de retorno.
Los gobiernos deben garantizar que todas las personas que huyen de la persecución y de violaciones de derechos humanos tienen acceso a seguridad y a protección internacional, y que ninguna es objeto de devolución a un lugar donde podría sufrir abusos graves contra sus derechos humanos.
Derecho a un medioambiente saludable
Los combates militares al estilo de la Segunda Guerra Mundial en Ucrania y en países de la región, importantes emisores y productores de combustibles fósiles, causaron una gran destrucción y contaminación ambiental.
La agresión de Rusia contra Ucrania contaminó gravemente el aire, el agua y la tierra, y produjo cantidades incontrolables de residuos peligrosos. La destrucción de la presa de Kajovka, en lo que al parecer fue una acción militar deliberada cometida, en opinión de la mayoría, por las fuerzas rusas, causó una contaminación de residuos con consecuencias ecológicas duraderas más allá de las fronteras de Ucrania.
La salud humana también se resintió debido a la contaminación del aire, principalmente por la quema de combustibles fósiles. Se calculaba que esa contaminación causaba más de 10.000 muertes en exceso anualmente en Kazajistán, así como el 18% de las muertes por ictus y cardiopatía isquémica en Bielorrusia. La capital de Kirguistán se clasificó entre las más contaminadas del mundo.
En toda la región, quienes intentaban proteger el medioambiente sufrieron graves represalias. Activistas que se oponían a un proyecto de minería de oro en Armenia se enfrentaban a demandas que pedían indemnizaciones excesivas por los supuestos daños empresariales derivados de sus críticas relativas al medioambiente. En Rusia, dos importantes ONG ecologistas fueron calificadas de “organizaciones indeseables” y prohibidas en el país.
Los gobiernos deben adoptar de inmediato medidas para proteger a las personas y comunidades de los peligros y efectos del cambio climático y las condiciones meteorológicas extremas, entre otras cosas solicitando asistencia y cooperación internacionales para tomar medidas de mitigación y adaptación al clima suficientes.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)
En Ucrania se presentó en marzo un anteproyecto de ley sobre uniones civiles que incluía a las parejas del mismo sexo, pero no abordaba la prohibición de la adopción infantil por estas parejas.
En cambio, Rusia aprobó nueva legislación tránsfoba y en la práctica ilegalizó toda actividad pública de defensa de los derechos de las personas LGBTI al calificar de “extremista” a un indefinido “movimiento internacional público LGBT”. En Asia Central y otros lugares, los derechos relativos al género estaban en retroceso; Kirguistán propuso reformas legislativas para prohibir toda información que negara “los valores familiares” y promoviera “relaciones sexuales no tradicionales” y, en Turkmenistán y Uzbekistán, las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo seguían siendo delito.
Los gobiernos deben derogar toda legislación, política y práctica que discrimine a las personas LGBTI, lo que incluye despenalizar las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo y eliminar los obstáculos jurídicos para el matrimonio igualitario.
Europa occidental, central y sudoriental
En 2023, figuras políticas de muchos países europeos promovieron la polarización social respecto a los derechos de las mujeres y las personas LGBTI, la migración, la justicia climática y los terribles acontecimientos en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados. Muchos gobiernos instrumentalizaron los derechos humanos para estigmatizar a diversos grupos e impusieron restricciones desproporcionadas sobre el espacio cívico dirigidas específicamente contra manifestantes por el clima, personas que expresaban opiniones disidentes —especialmente si eran en solidaridad con la población palestina— y personas musulmanas y de otros grupos racializados.
El racismo sistémico se siguió traduciendo en violaciones de derechos y pérdida de vidas. Las políticas de exclusión racializada que mantenían los Estados respecto a las personas procedentes de África, Oriente Medio y Asia causaron sufrimiento y muertes en las fronteras marítimas y terrestres. Los gobiernos apenas tomaron medidas para abordar la discriminación y segregación persistentes de la comunidad romaní. La falta de medidas antirracistas y la explotación política del racismo por parte de los Estados fueron el telón de fondo de un repunte de las denuncias de racismo antisemita y antimusulmán.
Hubo avances y retrocesos en materia de violencia de género y derechos sexuales y reproductivos. Persistió la deriva hacia sociedades dominadas por la vigilancia. Los grupos más vulnerables, como las personas con discapacidad, no recibían suficiente protección social.
La doble moral era evidente en la retórica y las políticas de muchos Estados: apoyaban a Israel y al mismo tiempo restringían la expresión de solidaridad con la población palestina y sus derechos humanos; pronunciaron palabras amables en la COP28, pero continuaron con el uso y la producción de combustibles fósiles y reprimiendo a manifestantes, y se mostraban complacientes ante el retroceso de los derechos humanos en Europa mientras criticaban a Estados no pertenecientes a la región.
Derechos de las personas refugiadas y migrantes
Los Estados miembros de la UE mantuvieron políticas letales de exclusión racializada y externalización, y apenas avanzaron en el reparto de responsabilidades dentro de la UE. Las negociaciones sobre las reformas en materia de asilo en la UE apuntaban a un compromiso que reduciría las protecciones y aumentaría el sufrimiento de las personas que buscaban seguridad. Los Estados, aparte de no establecer rutas legales y seguras, cometieron abusos y sometieron a la gente a peligros innecesarios en las fronteras terrestres y marítimas. Más de 600 personas racializadas, entre las que había menores, murieron en un naufragio frente a la costa de Pilos, en Grecia, y varios cientos más procedentes de África, Oriente Medio y Asia sufrieron abusos y violencia durante todo el año, ya que seguían practicándose a diario devoluciones sumarias e ilegales en todas las fronteras de Europa.
La Comisión Europea no activó procedimientos de infracción contra Letonia y Lituania después de que ambos países introdujeran en su legislación nacional la posibilidad de llevar a cabo devoluciones sumarias. Persistía la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas en las fronteras: España no investigó efectivamente las muertes, torturas y expulsiones ilegales de Melilla a Marruecos ocurridas en 2022.
Algunos países europeos no garantizaron el derecho de las personas afganas a buscar seguridad. En Alemania, el programa de admisiones humanitarias establecido con el objetivo de admitir a 1.000 personas afganas al mes sólo benefició a menos de 100. Dinamarca, Finlandia y Suecia adoptaron medidas positivas para conceder el reconocimiento prima facie de la condición de persona refugiada a las mujeres y niñas afganas.
Personas refugiadas y migrantes sufrieron ataques en Alemania, Chipre, Grecia y la República Checa. Muchas figuras políticas emplearon una retórica discriminatoria y racista contra las comunidades refugiadas y migrantes, en Turquía incluso en el contexto electoral.
Los Estados europeos continuaron con la externalización del control de las fronteras sin tener en cuenta los derechos humanos. Más países buscaron acuerdos para la tramitación extraterritorial de las solicitudes de asilo, como Italia con Albania, al mismo tiempo que se avanzaba hacia la firma de un acuerdo de la UE con Túnez que ponía en peligro los derechos humanos. Continuó la cooperación con Turquía, donde miles de personas fueron objeto de devolución (refoulement). A pesar de los recursos fallados en su contra, el gobierno de Reino Unido parecía empeñado en llevar a cabo su plan de trasladar a solicitantes de asilo a Ruanda para que tramitaran allí su solicitud.
Los gobiernos deben poner fin a sus políticas de exclusión racializada y, en su lugar, deben garantizar políticas y prácticas que protejan, respeten y hagan efectivo el derecho a la vida de las personas refugiadas y migrantes; establecer rutas seguras y legales, y hacer respetar el derecho de asilo en las fronteras.
Derechos de las mujeres y de las niñas
Letonia ratificó el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, mientras Macedonia del Norte armonizó su legislación con el tratado. Croacia anunció que el femicidio sería un delito diferenciado. Suiza adoptó una definición de violación basada en el consentimiento y Países Bajos avanzó considerablemente hacia su adopción.
Sin embargo, muchos países registraron altos índices de violencia de género contra mujeres y niñas en un contexto de medidas insuficientes por parte del Estado para abordarla. Entidades de observación de Albania, Austria, España, Grecia, Italia, Serbia y Turquía informaron cada una de decenas —cuando no de centenares— de femicidios. La emisión en directo de un homicidio en Bosnia y Herzegovina, y la leve condena impuesta a un perpetrador en Bulgaria suscitaron protestas.
Mientras en Finlandia entraba en vigor una ley que permitía el aborto previa solicitud en las primeras 12 semanas de gestación y en España se aprobaba otra que permitía a quienes habían cumplido 16 años abortar sin el consentimiento parental, en varios países se mantuvieron las restricciones sobre el aborto. En Polonia, al menos una mujer perdió la vida por haber sido privada de servicios de aborto. En Croacia, Irlanda, Irlanda del Norte e Italia, el personal médico se acogía a menudo a las cláusulas de conciencia. En algunas regiones de Austria, el sistema de salud no incluía servicios de aborto, y en la República Checa se negó asistencia médica a personas ciudadanas de la UE no checas. En Malta se reformó la legislación que prohibía el aborto, pero el acceso a éste continuaba estando muy restringido. Andorra era el único país de la región que mantenía una prohibición total.
Los gobiernos deben combatir con urgencia todas las formas de violencia de género y abordar sus causas fundamentales.
Derecho a la privacidad
Varias ciudades y cantones de Suiza prohibieron el uso del reconocimiento facial en espacios públicos. Sin embargo, en Francia se aprobó una ley que autorizaba la vigilancia biométrica masiva con vistas a los Juegos Olímpicos de 2024.
Amnistía Internacional reveló que la alianza de empresas Intellexa había vendido el programa espía Predator a numerosos países, entre ellos Alemania, Austria y Suiza, y destapó el uso de Predator contra un sitio web de noticias de Berlín, una serie de instituciones europeas y personal de investigación. En España se utilizó el programa espía Pegasus contra al menos 65 personas, la mayoría en Cataluña.
Derecho a un juicio justo y menoscabo de la independencia judicial
Hungría, Polonia y Turquía continuaron socavando la independencia judicial. Hungría tomó medidas para limitar las competencias del poder judicial. En Polonia, el gobierno actuó contra voces críticas de la judicatura. En Turquía, el Tribunal de Casación rehusó cumplir una sentencia del Tribunal Constitucional y acusó de extralimitación a los miembros de éste.
Los Estados deben frenar su deriva hacia sociedades dominadas por la vigilancia, respetar el derecho a un juicio justo y poner fin al menoscabo de la independencia judicial.
Libertad de expresión
Se registraron ataques a periodistas en países de toda la región. En Turquía continuaron las detenciones de un gran número de periodistas por cargos falsos de terrorismo.
Figuras políticas y empresas utilizaron demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés) para silenciar a periodistas y activistas en Austria, Bulgaria, Croacia, Grecia, Macedonia del Norte y Serbia. Mientras que la República Srpska —una de las entidades de Bosnia y Herzegovina— tipificó como delito la difamación, Bulgaria redujo las multas por difamación de cargos públicos y Croacia aprobó un plan enfocado a la desestimación temprana de las SLAPP.
Salvo contadas excepciones, Estados de toda la región propusieron o aprobaron medidas para restringir de manera desproporcionada, incluso en Internet, la expresión de opiniones críticas sobre la campaña de bombardeos de Israel contra Gaza y en favor de los derechos humanos de la población palestina.
Libertad de reunión
A medida que se intensificó la emergencia climática, aumentaron las manifestaciones pacíficas que suscitaron la dura respuesta de las autoridades. Manifestantes por el clima que participaban en actos pacíficos de desobediencia civil fueron objeto de arrestos colectivos, enjuiciamiento por delitos graves y campañas de desprestigio.
Muchos países promulgaron legislación que restringía de manera desproporcionada las reuniones públicas. En Países Bajos, la policía utilizó controles ilegales de identidad como instrumento de vigilancia de manifestantes. En Francia, Italia, Serbia y Turquía, entre otros, los servicios encargados de hacer cumplir la ley fueron acusados con frecuencia de uso ilegítimo de la fuerza y prácticas policiales discriminatorias.
Muchos gobiernos impusieron restricciones ilegítimas a las manifestaciones de solidaridad con la población palestina. Alemania, Austria, Francia, Hungría, Polonia, Suiza y otros países prohibieron con carácter preventivo tales protestas, alegando riesgos imprecisos para el orden público o la seguridad nacional. Medios de comunicación y figuras políticas usaron a menudo una narrativa que deshumanizaba a la población palestina, difundieron estereotipos racistas y vincularon musulmanes con terroristas.
Francia invocó la legislación antiterrorista para prohibir protestas pacíficas y llevó a cabo arrestos arbitrarios. Durante los eventos del Orgullo, la policía turca impuso prohibiciones generales, empleó fuerza innecesaria y arrestó a 224 personas. Reino Unido aprobó una ley que ampliaba las competencias policiales, establecía órdenes de prohibición de protestas y permitía la imposición de medidas cautelares civiles.
Libertad de asociación
Francia continuó tomando medidas para disolver varias ONG sin el debido proceso. Turquía intensificó el uso de auditorías invasivas a las ONG. En Bosnia y Herzegovina, la República Srpska aprobó una ley por la que se establecía un registro de ONG que recibían financiación extranjera. En Hungría, el gobierno aprobó una ley para limitar los fondos extranjeros recibidos por ONG.
Hay que proteger de las extralimitaciones de los Estados el espacio en el que todas las personas ejercen su derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica.
Defensores y defensoras de los derechos humanos
Los defensores y defensoras de los derechos humanos que trabajaban en la defensa de los derechos de las mujeres y las personas migrantes fueron objetivos habituales de la represión. En Andorra, una activista se enfrentaba a fuertes multas por pronunciarse en contra de la prohibición del aborto. En Polonia se impusieron ocho meses de servicios comunitarios a Justyna Wydrzynska por ayudar a una mujer a acceder a la píldora abortiva. En Grecia, Sarah Mardini y Séan Binder, que defendían los derechos de la población migrante, fueron formalmente acusados de cuatro delitos graves. Las autoridades letonas iniciaron actuaciones penales contra dos personas por su trabajo humanitario en la frontera con Bielorrusia. Turquía confirmó el fallo condenatorio de Osman Kavala, contraviniendo las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Los gobiernos deben proteger a defensores y defensoras de los derechos humanos, y reconocer la función esencial que cumplen, en lugar de estigmatizar y criminalizar sus actividades.
El uso de criterios raciales por los servicios encargados de hacer cumplir la ley seguía siendo habitual. El Consejo de Estado de Francia reconoció que había controles policiales discriminatorios, pero no propuso ninguna medida para abordar la cuestión. La policía de fronteras de Países Bajos fue declarada culpable de usar criterios raciales. En Reino Unido, un informe señaló la existencia de discriminación institucional en la Policía Metropolitana de Londres.
Alemania registró cifras sin precedentes de crímenes de odio. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos volvió a condenar a Bosnia y Herzegovina por un reglamento electoral discriminatorio. En Letonia y Lituania, nacionales de Rusia perdieron el permiso de residencia.
La población romaní sufría discriminación, segregación y exclusión social. El Comité Europeo de Derechos Sociales concluyó que Italia había violado el derecho a la vivienda de personas romaníes y, en Eslovaquia, los tribunales concluyeron que la segregación del alumnado romaní en aulas separadas era discriminatoria. El organismo de igualdad de Bulgaria investigó la prohibición de entrada en piscinas a las personas romaníes. En Macedonia del Norte, un hombre romaní murió al no recibir asistencia médica porque no tenía documento de identidad. En Rumania, una mujer sorda que estaba embarazada no recibió asistencia médica en un hospital y tuvo que dar a luz en la calle.
En Francia, las mujeres musulmanas fueron especialmente objeto de restricciones en el deporte y la educación. La retórica y los crímenes de odio antisemitas y antimusulmanes aumentaron en toda la región ante los espantosos acontecimientos que ocurrían en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados.
Tras los terremotos de febrero en Turquía, tanto civiles como agentes del Estado profirieron insultos racistas contra las personas refugiadas y migrantes que colaboraban en las operaciones de búsqueda y salvamento.
Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)
Letonia reconoció las uniones civiles, no así Lituania. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Bulgaria y Rumania por no reconocer a las parejas del mismo sexo.
Persistía la discriminación de las personas LGBTI. En Croacia y Macedonia del Norte, las marchas del Orgullo fueron objeto de amenazas y discursos discriminatorios tanto por cargos públicos como por particulares. La policía de Noruega concluyó que los lugares de reunión de personas LGBTI continuaban corriendo peligro de sufrir ataques violentos. En Turquía, figuras políticas emplearon una retórica discriminatoria contra las personas LGBTI.
A pesar de que Hungría se enfrentaba a acciones judiciales ante el Tribunal de Justicia de la UE por su legislación sobre propaganda, sus autoridades multaron a una librería por infringir esta legislación y el Consejo de Medios de Comunicación prohibió la emisión de un anuncio sobre el Orgullo en televisión. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a Lituania por la censura de un libro en el que se hablaba de las relaciones entre personas del mismo sexo.
Hubo avances y retrocesos en cuanto a los derechos de las personas transgénero. Alemania abolió la exclusión discriminatoria de las personas transgénero y de los hombres gays o bisexuales de las donaciones de sangre. Se debatió en el Parlamento una nueva Ley de Autodeterminación que permitiría la autodeterminación de las personas transgénero, no binarias e intersexuales mediante una simple declaración en el registro. En Finlandia se aprobó el acceso de las personas adultas a este reconocimiento previa solicitud. En España, una nueva ley garantizaba el acceso a los servicios de salud y la autodeterminación de género a las personas trans. En cambio, en Bulgaria se puso fin al reconocimiento legal de la identidad de género para las personas transgénero y, en Reino Unido, el gobierno bloqueó la Ley de Reforma del Reconocimiento de la Identidad de Género de Escocia.
Los gobiernos deben abordar de forma significativa la discriminación sistémica que se ejerce, entre otras, contra las personas judías, musulmanas, negras, romaníes y LGBTI.
Derechos económicos, sociales y culturales
En Finlandia, el gobierno anunció planes de recortar el gasto en atención de la salud pública y subir las tarifas de usuario y los impuestos sobre los medicamentos, lo que afectaría de manera desproporcionada a las personas más vulnerables. El Comité Europeo de Derechos Sociales consideró admisible una denuncia contra Grecia por sus recortes de austeridad en sanidad. Eslovenia aprobó la Ley de Cuidados de Larga Duración, pero sufría escasez de profesionales de la medicina.
Dinamarca y Finlandia anunciaron recortes en asistencia social. Francia, Irlanda y Portugal registraron niveles sin precedentes de sinhogarismo. España aprobó una ley sobre el derecho a la vivienda, pero no protegió del desahucio a personas económicamente vulnerables. En Serbia, el nuevo sistema semiautomatizado de protección social ocasionó que posiblemente miles de personas perdieran el acceso a una ayuda social vital y afectó de manera desproporcionada a la población romaní y a las personas con discapacidad.
La respuesta del gobierno de Turquía tras los terremotos de febrero fue inadecuada para proteger a las personas con discapacidad.
Los gobiernos deben actuar de inmediato para proteger los derechos económicos y sociales de todas las personas sin discriminación, entre otras medidas, destinando recursos suficientes y garantizando una protección social universal e integral.
Derecho a un medioambiente saludable
Entre otros avances, un tribunal de Chipre reconoció por primera vez el derecho de las ONG de defensa del medioambiente a presentar demandas de interés público; varias ONG emprendieron acciones judiciales en Irlanda por la insuficiente reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, y un grupo de jóvenes de Portugal demandó a 33 países ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no adoptar medidas suficientes para combatir el cambio climático. El Consejo de Europa reconoció políticamente el derecho a un medioambiente saludable, aunque no adoptó un instrumento jurídicamente vinculante sobre este derecho.
Aun así, muchos países siguieron utilizando combustibles fósiles. Bulgaria y Rumania planeaban prospecciones de gas en el mar Negro; Grecia y Eslovaquia, el establecimiento de terminales de gas natural licuado; Malta apoyó la construcción de un importante gasoducto; Noruega ofreció incentivos fiscales para yacimientos de petróleo y gas, y Alemania aprobó la financiación de proyectos relacionados con combustibles fósiles. Entre las principales entidades financiadoras de la extracción de combustibles fósiles había bancos franceses.
Los gobiernos deben abandonar progresivamente el uso y la producción de combustibles fósiles en una transición justa, aumentar con carácter urgente la financiación climática destinada a países de ingresos bajos y comprometerse a proporcionar fondos adicionales específicos para pérdidas y daños.
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