Construction Photography/Photosh | Bjoern Goettlicher
El derecho a la vivienda forma parte del derecho internacional
La Declaración Universal de Derechos Humanos garantiza a cada persona en su artículo 25.1 el "derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios". Y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales lo ratifica en su artículo 11.1 al reconocer "el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluidas alimentación, vestido y vivienda, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho".
En el ámbito europeo, la Carta Social Europea Revisada, en su artículo 31 establece la obligación de los Estados de garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la vivienda y para ello deben favorecer el acceso a la vivienda de una calidad suficiente; prevenir y paliar la situación de carencia de hogar con vistas a eliminar progresivamente dicha situación y hacer asequible el precio de las viviendas a las personas que no dispongan de recursos suficientes.
Asimismo, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (2000) señala en su artículo 34.3 que "con el fin de combatir la exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y respeta el derecho a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes, según las modalidades establecidas por el Derecho comunitario y las legislaciones y prácticas nacionales"
Además, el derecho internacional establece la obligación de las autoridades de utilizar el máximo de recursos disponibles para garantizar el acceso al derecho a la vivienda, especialmente de las personas más vulnerables.
El artículo 47 de la Constitución protege "derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada", y establece que los poderes públicos adoptarán medidas para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. También el artículo 33 estipula la función social del derecho a la propiedad privada. Sin embargo, este derecho al igual que otros derechos sociales, no tiene una suficiente protección constitucional.
España vulnera el derecho a la vivienda
A pesar de estas obligaciones detalladas en el derecho internacional y en la Constitución>, la vivienda ha sido un derecho históricamente desprotegido en España. La violación del derecho a la vivienda afecta a millones de personas en España. La vivienda se ha considerado un bien de consumo e inversión, en lugar de un derecho humano, lo que ha dificultado enormemente el acceso a la misma y de forma especial para las personas en situaciones más vulnerables.
España es el país que más condenas ha recibido por vulnerar el derecho a la vivienda por parte del Comité de derechos económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas (el órgano que se encarga de vigilar el cumplimiento del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, ratificado por España en 1977). Este Comité ha instado a España a asegurar que su legislación y su aplicación sean conformes con las obligaciones adquiridas y ha recordado su obligación de prevenir violaciones de este derecho.
Amnistía Internacional ha publicado varios informes que documentan esta violación del derecho a la vivienda por parte de las autoridades españolas.
La crisis de la vivienda en España hunde sus raíces en las últimas décadas, con especial incidencia de la crisis de 2008 cuyas consecuencias se arrastran hasta la actualidad. A todo ello se suma el impacto económico y social de la pandemia y las malas perspectivas actuales ante la crisis energética y el incremento del coste de la vida en un escenario de fuerte incertidumbre.
“El derecho a la vivienda está respaldado claramente por el derecho internacional”
Amnistía Internacional
El acceso a la vivienda en España, los datos hablan*:
Disponibilidad:
España cuenta con un parque de vivienda social que representa solo el 1,6% del total de viviendas, cuando el estándar de países de nuestro entorno de la Unión Europea supera el 15%. Según el último censo de 2023, existen 3,8 millones de viviendas vacías. Entre 2009 y 2018 el presupuesto público para el acceso a vivienda y fomento de la edificación se redujo más del 70%.
Asequibilidad:
Desde 2016, la vivienda en alquiler ha subido de media un 51%. El 37% de la población que vive en una vivienda de alquiler, dedica a los gastos de vivienda más del 40% de sus ingresos. La edad media de personas que alquilan una vivienda compartidaha subido hasta los 34 años.
Desalojos:
A pesar de que desde la pandemia se han paralizado algunos de los desalojos gracias al Real Decreto de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad (prorrogado hasta finales de 2024), de enero a septiembre de 2023 se produjeron más de 19.000 desalojos, 14.344 de ellos por impago de alquiler. Desde 2013 los desalojos suman más de 500.000. No existen cifras sobre personas que han perdido su vivienda, pues a pesar de las recomendaciones de Naciones Unidas, las estadísticas no muestran el número de personas afectadas por cada desalojo, ni cuántas de ellas son mujeres, menores, personas mayores o personas con discapacidad, lo que impide un diagnóstico sobre el acceso y disfrute del derecho a la vivienda en España.
Situaciones de especial vulnerabilidad:
El 27,8% de la población española está en riesgo de pobreza o exclusión social. Este dato sube hasta el 54,3% en el caso de los hogares monoparentales, más del 80% de ellos encabezados por mujeres. El 18,8% de las personas trabajadoras cobra el salario mínimo o menos.
Jóvenes y vivienda:
Una de cada tres personas jóvenes está expuesta a pobreza y exclusión. Solo el 15,6% de los jóvenes se emancipa y la única alternativa viable para uno de cada tres jóvenes es el alquiler compartido. El coste de la vivienda media en alquiler ascendía a 848 € mientras que una persona joven tan solo podía asumir una cuota de 320 € sin caer en el sobreendeudamiento.
Mujer y vivienda:
El riesgo de pobreza o exclusión social es un 6% mayor en mujeres que hombres, que además cuentan con peores condiciones laborales (mayor tasa de paro, 23% menos de salario que los hombres, mayor temporalidad y más jornadas parciales). Además, son quienes lideran mayoritariamente los hogares monoparentales (81%), más de la mitad de los cuales está en riesgo de pobreza o exclusión social.
* Fuentes consultadas: Proyecto de Ley de Vivienda, Instituto Nacional de Estadística (INE), Banco de España, Consejo General del Poder Judicial, Consejo de la Juventud de España, Idealista
La primera Ley estatal de Vivienda en democracia: avances y carencias
En 2020, el Relator especial sobre la extrema pobreza y derechos humanos de Naciones Unidas después de su visita a España instó a las autoridades a “tomarse en serio el derecho a la vivienda” y aprobar una nueva ley sobre el derecho a la vivienda, aumentar considerablemente las inversiones en vivienda protegida, adoptar medidas para reducir las viviendas vacías, controlar los alquileres en las principales ciudades, proteger mejor a los hogares vulnerables contra los cortes de electricidad y apoyar más a las personas que corren el riesgo de quedarse sin hogar, entre otras cuestiones. Desde hacía años, diversos mecanismos de Naciones Unidas habían pedido a España adoptar una legislación que proteja el derecho a la vivienda.
En mayo de 2023 entró en vigor la primera Ley estatal de Vivienda en democracia, tras más de un año de negociaciones entre grupos parlamentarios. Es sin duda un paso adelante, por el que muchas organizaciones y movimientos sociales llevábamos años trabajando pero con evidentes lagunas también.
Incluye, entre otras, medidas de control del incremento de precios de alquiler, promueve más vivienda social e incrementa la protección de personas vulnerables en los procesos de desalojo.
Pero la aplicación de una parte importante de las medidas es incierta pues la ley no incluye un sistema de inspección que asegure su cumplimiento ni tampoco un régimen sancionador en el caso de que no se cumpla.
Contención de precios, efectividad en riesgo por la falta de sanciones. Esta incertidumbre afecta especialmente a los sistemas de contención de precios de los alquileres en zonas de mercado tensionado, en función de la aplicación por Comunidades Autónomas. Así, se corre el riesgo de desilgualdad en el acceso y disfrute del derecho a la vivienda de las personas en función del territorio donde residan. Desalojos, aún lejos de los estándares internacionales de derechos humanos. También hay margen de mejora para proteger los derechos de las personas más vulnerables en procesos de desalojo, pues la protección mejorada está aún lejos de los estándares internacionales y de las recomendaciones y medidas incluidas en las condenas que España ha recibido de Naciones Unidas. La mayor desprotección viene porque la ley sigue sin exigir que personas sin recursos tenga una vivienda alternativa garantizada antes del desalojo que les proteja del sinhogarismo. Parque de vivienda social, insuficiente para cubrir la urgente necesidad social. Y si vamos a la raíz del problema, la falta de vivienda para políticas sociales en nuestro país, las medidas en la Ley se quedan cortas: son necesarios porcentajes anuales mínimos de crecimiento y blindar el carácter social de las viviendas para garantizar que este parque público esté disponible para personas con mayores dificultades de acceso a la vivienda.
En definitiva, esta Ley es un avance que Amnistía Internacional aplaude por su potencial para mejorar la vida de millones de personas en nuestro país a través del acceso a la vivienda. Pero esto no sucederá si el Gobierno y las Comunidades Autónomas no impulsan e implementan las medidas. Seguimos trabajando por esta realidad y por las mejoras aún pendientes ante la dificultad de millones de personas para acceder a una vivienda.
“El Relator Especial sobre la extrema pobreza y derechos humanos de Naciones Unidas en su visita a España instó a las autoridades a aprobar una nueva ley sobre el derecho a la vivienda”
¡No te vayas!
Queremos contarte algo
¡Se ha aprobado la primera Ley estatal de Vivienda! Pero seguimos reclamando medidas y vigilando que se cumplan. En el país donde queremos vivir el derecho a la vivienda está protegido y debe seguir siendo una prioridad. Los derechos humanos no se negocian.
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