Corea del Sur

Información extraída de nuestro informe "La situación de los derechos humamos en el mundo", abril 2024.

El gobierno adoptó planes para reducir las emisiones industriales de carbono, pero no aprobó ninguna legislación para eliminar gradualmente el uso del carbón en la producción de energía. Continuó la construcción de una nueva central eléctrica de carbón. Los derechos de las mujeres se vieron aún más socavados al proseguir el gobierno con sus controvertidos planes de suprimir el Ministerio de Igualdad de Género y Familia y recortar los presupuestos destinados a prevenir y abordar la violencia contra las mujeres. Se actuó cada vez con más mano dura contra las personas que se manifestaban pacíficamente, como activistas laborales y activistas en favor de los derechos de las personas con discapacidad. Se determinó que la detención indefinida de personas refugiadas y migrantes era inconstitucional.

Información general

En agosto, decenas de miles de personas protestaron pacíficamente en la capital, Seúl, contra el vertido de aguas residuales de la central nuclear japonesa de Fukushima en el océano Pacífico. En septiembre, alrededor de 30.000 manifestantes participaron en una marcha por la justicia climática en Seúl.

Derecho a un medioambiente saludable

En abril, el gobierno adoptó el Plan Básico Nacional para la Neutralidad en Carbono y el Crecimiento Verde, que preveía reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y complementar las reducciones resultantes en la capacidad de producción de energía con otras tecnologías, como la energía nuclear.

En junio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Corea presentó una opinión al Tribunal Constitucional en apoyo de las peticiones que impugnaban la constitucionalidad de la Ley de Neutralidad en Carbono del gobierno. La Comisión afirmaba que los objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero eran demasiado bajos y que la responsabilidad de reducir las emisiones se trasladaría injustamente a las generaciones futuras.

Al finalizar el año, seguía pendiente el proyecto de ley para la eliminación gradual del carbón, propuesto por primera vez en 2022, que incluía disposiciones para detener los proyectos de generación de energía a partir del carbón que ya estaban en marcha y prohibir nuevas licencias. Mientras tanto, continuaba la construcción de una nueva central eléctrica de carbón en Samcheok (provincia de Gangwon).

Libertad de expresión, de asociación y de reunión

La erosión de los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión continuó en un contexto de represión gubernamental de toda protesta “ilegal”.

En enero, la empresa de transporte municipal Seoul Metro presentó una demanda contra el grupo de defensa de las personas con discapacidad Solidaridad contra la Discriminación por Discapacidad (SADD), al que reclamaba 601,45 millones de wones (aproximadamente 450.000 dólares estadounidenses) en concepto de daños por los retrasos en los trenes y las pérdidas causadas por las protestas que venía realizando desde 2021 contra la falta de accesos para las personas con discapacidad a los trenes. Como parte de la campaña del SADD para mejorar el acceso al transporte público de las personas con discapacidad, un grupo de personas en sillas de ruedas subieron y bajaron repetidamente de los trenes para llamar la atención sobre sus peticiones de aumentar el gasto en rampas para sillas de ruedas, ascensores en las estaciones de metro y otras medidas de movilidad.

En septiembre, el Tribunal Constitucional resolvió que las disposiciones de la Ley de Seguridad Nacional que prohibían las actividades “antiestatales”, “en beneficio del enemigo” y de “espionaje” eran constitucionales. La Ley, que había sido objeto de múltiples impugnaciones, se utilizaba para silenciar la disidencia y enjuiciar arbitrariamente a personas por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de expresión y de asociación.

También en septiembre, el Tribunal Constitucional derogó una ley que castigaba con hasta tres años de prisión los intentos de enviar a Corea del Norte mensajes contra Pyongyang —por ejemplo, folletos transportados en globo o por ríos transfronterizos—, alegando que era incompatible con las garantías constitucionales de la libertad de expresión.

Derechos laborales

El acoso a activistas sindicales se intensificó en el contexto del discurso antisindical del presidente Yoon. La policía inició investigaciones penales sobre las actividades de decenas de sindicalistas durante el año y llevó a cabo registros en oficinas sindicales. El 1 de mayo se llevó a cabo una operación policial de registro e incautación en la sede del Sindicato Coreano de Trabajadores de la Construcción. El mismo día, Yang Hoe-dong, dirigente del sindicato, se prendió fuego delante del Tribunal de Distrito de Chuncheon en la ciudad de Gangneung y murió al día siguiente. Yang estaba siendo investigado en relación con su trabajo sindical, y se le acusaba de haber “chantajeado” a empresas del sector de la construcción para que pagaran las cuotas sindicales y contrataran a trabajadores sindicalizados.

El 31 de mayo, la policía demolió un altar en memoria de Yang Hoe-dong, operación en la que resultaron heridas 4 personas, y amenazó con usar gas pimienta para disolver una manifestación pacífica organizada por la Confederación de Sindicatos Coreanos.

Discriminación

Derechos de las mujeres y de las niñas

El gobierno continuó con su controvertido plan para eliminar el Ministerio de Igualdad de Género y Familia, pero no lo había aplicado al finalizar el año. En octubre, el gobierno anunció importantes recortes en el presupuesto de 2024 para prevenir la violencia contra las mujeres y apoyar a las sobrevivientes, lo que provocó fuertes críticas de cientos de organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres. El 24 de agosto se celebraron protestas en Seúl para exigir que las autoridades hicieran más para poner fin a la violencia contra las mujeres tras el asesinato de una mujer a principios de mes en el parque Sillim-dong, en el distrito de Gwanak de la capital.

En agosto, una red de activistas en defensa del aborto seguro presentó una petición a la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Corea en la que afirmaba que el gobierno estaba violando el derecho a la salud de las mujeres al no consagrar el derecho al aborto en la ley. En noviembre, el Comité de Derechos Humanos de la ONU instó al gobierno a tomar las medidas necesarias —legislativas y de otro tipo— para aplicar una decisión del Tribunal Constitucional de 2019 que despenalizaba el aborto a fin de garantizar el acceso efectivo al aborto seguro.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI)

En febrero, el Tribunal Superior de Seúl ordenó al Servicio Nacional de Salud que reanudara la cobertura del seguro de salud para Kim Yong-min como dependiente de su pareja, también hombre. Era la primera vez que en Corea del Sur una sentencia judicial reconocía legalmente a las parejas del mismo sexo. La sentencia señalaba que el sistema de seguro conyugal del Servicio Nacional de Salud era discriminatorio porque no garantizaba las mismas prestaciones en el caso de parejas del mismo sexo.¹ El Servicio Nacional de Salud recurrió la sentencia.

En mayo, un grupo de miembros de los principales partidos de la Asamblea Nacional presentó un proyecto de ley de igualdad en el matrimonio para reformar el código civil a fin de permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Aunque no se esperaba su adopción, el proyecto de ley representaba un paso simbólico importante para aumentar la presión sobre el gobierno a fin de que ampliara la definición de “familia”.

En mayo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Corea formuló recomendaciones al Tribunal Supremo sobre la revisión de sus normas relativas al reconocimiento de género para las personas trans a fin de garantizar el cumplimiento de las normas de derechos humanos. Al concluir el año, aún no se había tomado ninguna medida al respecto.

El 26 de octubre, el Tribunal Constitucional confirmó por cuarta vez el artículo 92.6 del Código Penal Militar, que tipificaba como delito los actos sexuales consentidos entre personas del mismo sexo en el ejército coreano.²

Derechos de las personas refugiadas y migrantes

Una decisión del Tribunal Constitucional ofreció la posibilidad de una mayor protección para las personas refugiadas y migrantes en Corea del Sur. El 23 de marzo, el Tribunal determinó que las disposiciones de la Ley de Control de la Inmigración, incluida la detención indefinida de personas extranjeras sujetas a expulsión y la ausencia de una revisión independiente de las decisiones de detención, eran inconstitucionales y violaban los principios de proporcionalidad y debido proceso. El Ministerio de Justicia declaró que impugnaría la decisión.

Derechos de la infancia

El 23 de marzo, el Tribunal Constitucional consideró que las disposiciones de la Ley de Registro de Parentesco que hacían casi imposible que el padre biológico pudiera inscribir a un niño o niña nacido de progenitores no casados violaban la Constitución. El Tribunal confirmó que todos los niños y niñas del país debían tener garantizado el derecho al registro de su nacimiento, independientemente de su nacionalidad o condición.

Violencia sexual y de género

El 26 de enero, el Ministerio de Justicia rechazó los planes, anunciados ese mismo día por el Ministerio de Igualdad de Género y Familia, de revisar la definición legal de violación en el Código Penal para que incluyera el sexo no consentido. La definición vigente requería pruebas de “violencia o intimidación”, un requisito incompatible con las normas internacionales, en virtud de las cuales la falta de consentimiento es un elemento fundamental de la violación.

Pena de muerte

Varios acontecimientos hicieron temer que Corea del Sur pudiera estar considerando la posibilidad de reanudar las ejecuciones. En abril, la Fiscalía Suprema anunció planes para introducir la pena de muerte por infanticidio y por delitos relacionados con la venta y distribución de drogas a menores. En agosto, el ministro de Justicia ordenó a las instituciones penitenciarias que inspeccionaran sus instalaciones de ejecución y realizaran en ellas el mantenimiento necesario.