“La futura ley de amnistía debe garantizar integralmente los derechos de las víctimas de violaciones de derechos humanos y de las víctimas de delitos sobre la base del cumplimiento estricto del derecho internacional. Esta debe ser la clave de la futura ley, y por ello hemos hecho llegar un análisis de la Proposición de Ley de Amnistía a los grupos parlamentarios en el Congreso para que la modifiquen y aseguren que esté perfectamente alineada con los estándares internacionales de derechos humanos. Hay múltiples aspectos de esta Proposición de Ley que no afectan a estos derechos y sobre los cuales Amnistía Internacional no tiene posición, pero hay otros que claramente sí lo hacen” ha declarado Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
“Hemos hecho llegar un análisis de la Proposición de Ley de Amnistía a los grupos parlamentarios en el Congreso para que la modifiquen y aseguren que esté perfectamente alineada con los estándares internacionales de derechos humanos”
Bajo esta premisa, Amnistía Internacional revela en su análisis algunos aspectos en la Proposición de Ley que deberían modificarse para cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos. Estos aspectos son los siguientes:
Uso excesivo de la fuerza y víctimas de violaciones de derechos humanos: Si bien es positivo que la Proposición de Ley excluya de la amnistía los actos tipificados como delitos de torturas o tratos inhumanos, sin embargo condiciona esta exclusión a un "umbral mínimo de gravedad". Amnistía Internacional recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha afirmado que todo uso innecesario de la fuerza por parte de la policía vulnera el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, y que, en estos casos, no son permisibles las amnistías. Además, el Comité contra la Tortura expresó en agosto de 2023 preocupación por el lento avance de las investigaciones por las cargas policiales del 1 de octubre de 2017, así como por los diversos casos de lesiones graves ocasionadas por el empleo de proyectiles de impacto cinético, e instó a que toda denuncia de uso excesivo de la fuerza fuese investigada y a proporcionar reparación a las víctimas. Dado que la organización documentó casos de uso excesivo de la fuerza por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad durante algunos eventos del procés, como por ejemplo durante la jornada del referéndum del 1 de octubre de 2017 o las movilizaciones contra la sentencia del Supremo en octubre de 2019, insta a la modificación de la Proposición de Ley para excluir de la amnistía todo uso excesivo de la fuerza y permitir la investigación y enjuiciamiento de dichas acciones, incluyendo tanto a los agentes como a sus mandos si hubiera órdenes ilícitas, o deficiencias y otras omisiones en su responsabilidad superior. Además, la Proposición de Ley no aborda de manera suficiente la reparación de estas víctimas, por lo que Amnistía Internacional insta, además, a que se les garantice una reparación efectiva, asegurando que se reconozcan sus derechos y que se les brinde la asistencia necesaria para superar las consecuencias del uso excesivo de la fuerza.
Protección de las víctimas de delitos: Si bien la Proposición de Ley preserva la responsabilidad civil respecto de particulares que hayan sufrido daños y mantiene las compensaciones ya otorgadas por sentencia firme, no se acompaña de medidas de reparación a las víctimas de delitos. Amnistía Internacional señala la necesidad de garantizar una reparación completa para estas víctimas, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos, incluyendo indemnizaciones y medidas de asistencia médica y social, tal y como establece la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre derechos, servicios y apoyo a las víctimas de delitos y la Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder de la ONU. Ejemplos de estas víctimas pueden ser agentes de policía heridos o personas víctimas de agresiones entre manifestantes, en ocasiones con resultado de lesiones de entidad.
Efecto de la Amnistía en casos de condena por el ejercicio de derechos humanos: Amnistía Internacional destaca la situación de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, condenados por sedición, como ejemplos de una condena injusta por ejercer pacíficamente sus derechos a la libertad de reunión y de expresión. A pesar de que la Proposición de Ley contempla la extinción de su responsabilidad penal y cancelación de antecedentes, no anula las resoluciones judiciales condenatorias ni prevé una indemnización o reparación alguna para ellos, lo que contradice el derecho internacional, que para estos casos establece que las resoluciones judiciales deben ser declaradas nulas y sin efectos y que se garanticen recursos efectivos para las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Exclusión de delitos de “terrorismo”: Amnistía Internacional ha alertado en reiteradas ocasiones sobre la amplia definición del delito de terrorismo en el Código Penal español, que ha llevado a investigaciones y sanciones incompatibles con los estándares internacionales de derechos humanos. De los datos e información de los que dispone Amnistía Internacional, en investigaciones como la que actualmente lleva a cabo la Audiencia Nacional sobre Tsunami Democràtic no se alcanza el umbral que, conforme a los estándares internacionales, es exigible para afirmar que se trata de actos de naturaleza terrorista,como indica el Relator Especial de Naciones Unidas sobre la Promoción y la Protección de los derechos humanos fundamentales en la lucha contra el terrorismo.La organización no entra a cuestionar si algunos de estos hechos pueden merecer o no algún tipo de investigación penal, pero sí considera que en ningún caso deben ser catalogados como delitos de "terrorismo", como la organización ha pedido al Ministerio Fiscal.
Información de contexto
Amnistía Internacional ha remitido a los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados un documento de comentarios a la Proposición de Ley Orgánica de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. Esta Proposición de Ley es resultado de los acuerdos alcanzados entre algunos partidos políticos para respaldar la investidura como presidente de Pedro Sánchez.
Si bien el derecho internacional de los derechos humanos no prohíbe la promulgación de amnistías, sí considera que las amnistías no son permisibles si impiden el enjuiciamiento de personas que pueden ser responsables de violaciones de derechos humanos. Tampoco son admisibles aquellas que niegan a las víctimas su derecho a un recurso efectivo, o que limitan el derecho de las víctimas o las sociedades a conocer la verdad acerca de violaciones de derechos humanos.
Desde que se inició el procés, Amnistía Internacional ha realizado varios pronunciamientos públicos en relación con la situación en Cataluña, enfocándose en las violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado en este contexto. Se han documentado y denunciado casos de uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades durante el referéndum de octubre de 2017 y las protestas contra la sentencia del Tribunal Supremo en octubre de 2019. La organización ha seguido de cerca el caso de los activistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, demandando su liberación desde su detención, así como la retirada de los cargos de sedición y rebelión. Amnistía Internacional expresó preocupación por la sentencia que condenó a ambos a 9 años de prisión e inhabilitación por sedición, destacando la ambigüedad en la definición de este delito en el Código Penal. La organización acogió positivamente los indultos concedidos a Sànchez y Cuixart, por suponer su liberación, pero continúa monitoreando el proceso iniciado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En vista de la potencial implicación para los derechos humanos, Amnistía Internacional ha abordado el análisis de la Proposición de Ley con énfasis en que las medidas respeten los estándares internacionales, evitando la impunidad por violaciones de derechos humanos y poniendo los derechos de las víctimas en el centro del debate y el texto. Previamente al registro de esta ley, la organización envió consideraciones a los partidos involucrados en las negociaciones, instándolos a incorporar la perspectiva de los derechos humanos durante la negociación de la proposición de ley.
