Dos años después de que los talibanes tomaran el poder en Afganistán el 15 de agosto de 2021, condenamos enérgicamente las violaciones de derechos humanos continuas y cada vez más graves que cometen, especialmente contra mujeres y niñas, así como la falta de una respuesta efectiva por parte de la comunidad internacional.
A lo largo de los dos últimos años, los talibanes han ido imponiendo políticas cada vez más abusivas —en especial, contra mujeres, niñas y minorías religiosas y étnicas— que violan claramente las obligaciones de Afganistán en virtud del derecho internacional de los derechos humanos. Las políticas que prohíben y restringen el acceso de mujeres y niñas a la educación, el trabajo y otras oportunidades de subsistencia, al igual que la libre circulación y el acceso a espacios y servicios públicos, han sido objeto de condena generalizada. En su informe conjunto al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, publicado en junio de 2023, el Relator Especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán y el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Cuestión de la Discriminación contra las Mujeres y las Niñas afirmaron que el trato que dispensan los talibanes a las mujeres y las niñas podría equivaler a una persecución por motivos de género —crimen de lesa humanidad— y considerarse como apartheid de género.
Los activistas, sobre todo las mujeres, que protestan contra las políticas talibanas desde suelo afgano se enfrentan a grandes riesgos por alzar la voz y, aun así, son quienes hablan con mayor contundencia. Persisten a pesar de que la respuesta de los talibanes sea infligirles violencia física y someterlos a redadas, detención y reclusión arbitraria, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, desaparición forzada y ataques contra sus familiares.
Mientras que la atención internacional a la crisis se desvanece y a ojos de la comunidad internacional se normalizan las violaciones de derechos humanos que cometen los talibanes, nuestras organizaciones siguen constatando crímenes de derecho internacional y otras violaciones graves de derechos humanos. Nos preocupa también profundamente la seguridad de los defensores y defensoras de derechos humanos que se hallan bajo custodia de los talibanes. Son ejemplos destacados —representativos de muchos otros— los casos de Matiullah Wesa, defensor de derechos educativos detenido arbitrariamente y recluido el 27 de marzo de 2023, y de Rasool Parsi, profesor universitario, ulema y activista de la sociedad civil, que permanece encarcelado desde el 6 de marzo de 2023. La protección interna y la seguridad jurídica para quienes están en situación de riesgo son prácticamente inexistentes; las acciones de los talibanes incumplen los marcos jurídicos existentes o los sitúan en un estado ambiguo no funcional.
Si bien en los últimos dos años muchas personas defensoras de los derechos humanos en situación de riesgo se han visto obligadas a abandonar Afganistán, muchas otras permanecen en el país, atrapadas y escondidas, sin apenas recursos para mantenerse a salvo. Quienes han cruzado las fronteras hacia países limítrofes carecen de soluciones duraderas, están en riesgo de expulsión, a menudo sufren crisis económicas y se enfrentan a un riesgo creíble de persecución en caso de devolución a Afganistán. Aun así, no pueden rehacer su vida en el país de acogida y con frecuencia no cuentan con posibilidades de reasentamiento fuera de la región. En sus países de acogida actuales —a menudo Irán, Turquía y Pakistán—, sufren amenazas de detención, violencia, extorsión y deportación, entre otras, y carecen de acceso a servicios esenciales, como la atención sanitaria y la educación.
La situación extremadamente difícil de quienes se hallan en Afganistán se ve agravada por la crisis humanitaria, puesto que el 97% de la población vive ahora en la pobreza, en comparación con el 47% en 2020. Según cifras de la ONU, 28,8 millones de personas, más de la mitad de la población del país, necesitan ayuda humanitaria para sobrevivir, mientras que 3,2 millones de niños y niñas y 800.000 mujeres embarazadas y lactantes presentan desnutrición. Los amplios recortes a las ayudas no han sido útiles, puesto que, más que a los talibanes, perjudican a la población de Afganistán. Por otra parte, al prohibir los talibanes que el personal humanitario femenino trabaje en organizaciones no gubernamentales y para la ONU, se priva de asistencia eficaz a quienes más lo necesitan, en particular los hogares cuyo cabeza de familia es una mujer. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCAH), la serie de restricciones impuestas a las mujeres exacerba las vulnerabilidades existentes a las que se enfrentan las mujeres y las niñas, así como los hogares cuyo cabeza de familia es una mujer. La OCAH constató que el 48% de estos hogares reciben una puntuación deficiente en el consumo de alimentos, en comparación con el 39% de los hogares con cabeza de familia masculino.
Debe presionarse a los talibanes para que acaben con las violaciones y la represión y hacer que rindan cuentas por sus presuntos crímenes de derecho internacional, en particular, investigando si se ha cometido el crimen de lesa humanidad de persecución de género contra mujeres y niñas. Deben escucharse las voces de la población de Afganistán y de las personas que se han visto obligadas a abandonar el país, que piden que se ponga fin a las graves violaciones de derechos y a que se haga justicia y se ofrezca una reparación. En este sentido, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) debe garantizar que en la investigación de su oficina y los encausamientos resultantes se aborden todas las constantes de criminalidad subyacente en todas las partes de los conflictos armados en Afganistán, incluidos los crímenes al parecer cometidos por los talibanes contra mujeres, niños y niñas, en consonancia con la Política sobre el crimen de persecución por motivos de género y la Política relativa a los niños de la CPI. Además, las autoridades judiciales de terceros Estados deberían estudiar la posibilidad de incoar causas penales contra las personas implicadas de forma creíble en delitos graves, basándose en el principio de jurisdicción universal, de conformidad con su legislación nacional.
La comunidad internacional debe ser más coherente y eficaz en su respuesta a las violaciones de los talibanes, lo que incluye presionar con urgencia para que acaben las represalias violentas y recuperen su libertad las personas que los talibanes mantienen actualmente en reclusión arbitraria. Además, la comunidad internacional debe atender las demandas que exigen un mecanismo de rendición de cuentas más sólido para investigar y recoger pruebas sobre las violaciones de derechos humanos, así como renovar y reforzar el mandato del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán mediante recursos adicionales, a fin de mantener el escrutinio sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán. Por lo que respecta a la población afgana en tránsito o en países vecinos, los gobiernos deberían hacer más por protegerla, entre otras formas, poniendo fin a las deportaciones y ampliando y acelerando los programas para reasentar la población afgana vulnerable en terceros países.
Por último, los talibanes, como autoridades de facto, siguen siendo responsables de los tratados internacionales ratificados por Afganistán y, por tanto, deben cumplir las obligaciones que emanan de los tratados internacionales humanitarios y de derechos humanos en los que Afganistán es parte. La comunidad internacional debe mantener de forma unánime y firme la postura de que existe un único resultado aceptable: justicia, rendición de cuentas y reparación para todas las violaciones graves de derechos humanos en Afganistán.
Firmado por:
• Amnistía Internacional
• FIDH (Federación Internacional de los Derechos Humanos)
• Freedom House
• Freedom Now
• Front Line Defenders
• Human Rights Watch
• MADRE
• Fondo de Acción Urgente (Asia y Oceanía)
• Liga Internacional de Mujeres Por la Paz y la Libertad
• Organización Mundial contra la Tortura (OMCT)>
