Ante la brutal represión de la rebelión liderada por las mujeres iraníes contra el régimen teocrático y sus normas opresivas que causaron la muerte de la joven Mahsa Amini a manos de la 'policía de la moral', Amnistía Internacional insiste en reclamar a la ONU y al Consejo de Derechos Humanos una investigación independiente internacional con su correspondiente mecanismo de rendición de cuentas.
"Todas las vías para la verdad y la justicia están cerradas en el ámbito nacional”, recalca la directora regional de AI para Oriente Medio y el Norte de África, Heba Morayef, que reprocha a la comunidad internacional "su inacción ante la impunidad generalizada de que gozan las autoridades iraníes por sus crímenes sistemáticos y violaciones flagrantes de derechos humanos".
Este desprecio por los derechos humanos va más allá de la discriminación de las mujeres y las leyes sobre uso obligatorio del hiyab –el velo o pañuelo que cubre la cabeza y el pecho–, y alcanza a las minorías étnico-religiosas, profesionales del derecho, periodistas independientes, activistas de la sociedad civil y a cualquier disidencia. La impunidad represiva se manifiesta también en las torturas y otros malos tratos que se registran en centros de detención y prisiones, así como en el frecuente recurso a la pena de muerte, que este año lleva camino de superar el trágico récord de ejecuciones en el último quinquenio.>
Acción en solidaridad con las mujeres y la ciudadanía iraní. Activistas, estudiantes y sociedad civil se manifestaron para concienciar sobre Mahsa Amini y los derechos de las mujeres en Irán. © Francesca Maceroni/Amnistía Internacional Italia
Mujeres discriminadas y excluidas en Irán, víctimas de violaciones de derechos humanos
La discriminación y exclusión de las mujeres por el régimen teocrático viola gravemente un principio fundamental del derecho internacional de los derechos humanos como la igualdad y no discriminación, consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en tratados que Irán ha ratificado y está obligado a cumplir como la Carta de las Naciones Unidas y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y lo hace, además, sin reparar en medios ni métodos represivos.
Buen ejemplo de ello es la implacable vigilancia de la 'policía de la moral' para imponer las leyes islámicas que obligan a taparse el cabello con un velo a la población femenina de nueve años o más. Los agentes recorren las ciudades y pueden dar el alto a cualquier mujer para comprobar si deja a la vista mechones de pelo, pero también si sus pantalones y abrigo les parecen cortos, si consideran su ropa demasiado colorida o demasiado ajustada o si estiman que lleva mucho maquillaje.
Según el artículo 638 del Código Penal Islámico de Irán, todo acto considerado “ofensivo” para la moral pública es castigado con una pena de 10 días a 2 meses de prisión o 74 latigazos. Una nota aclaratoria señala explícitamente a las mujeres vistas en público sin velo. La ley se aplica a niñas de nueve años –su edad mínima de responsabilidad penal–, pero en la práctica se adelanta a los siete años, cuando empiezan la escuela elemental. >
“A millones de mujeres se les ha negado la entrada a numerosos espacios públicos (...) se las ha expulsado de escuelas y universidades y se las ha despedido de su empleo por motivos tan arbitrarios como su vestimenta, pelo o maquillaje.”
Estas disposiciones legales, aumentadas por decenas de normativas y políticas adicionales, han facultado a la policía para detener y recluir a mujeres cada año. En ese contexto de arbitrariedad, son innumerables las iraníes amenazadas, insultadas y agredidas a bofetadas, puñetazos y porrazos antes de ser esposadas y subidas violentamente a furgones policiales. Además, matones y agentes parapoliciales se han arrogado la prerrogativa de controlar a las mujeres e imponerles la abusiva, discriminatoria y degradante legislación sobre uso obligatorio del velo, sin reparar en insultos, acoso y agresiones en público. Estos actos, recuerda Amnistía Internacional, constituyen trato cruel, inhumano o degradante, que está absolutamente prohibido por el derecho internacional.
Pero la discriminación y exclusión de las iraníes llega a otros ámbitos cotidianos. A millones de mujeres se les ha negado la entrada a numerosos espacios públicos –aeropuertos, campus universitarios, centros recreativos, hospitales y oficinas gubernamentales–, se las ha expulsado de escuelas y universidades y se las ha despedido de su empleo por motivos tan arbitrarios como su vestimenta, pelo o maquillaje.>
Marcha en apoyo del pueblo iraní reprimido y perseguido por defender los derechos humanos. © Benjamin Girette
El derecho a la protesta reprimido por el régimen iraní
Esa represión arbitraria ha hecho crecer en los últimos años un movimiento de rechazo a las leyes del velo obligatorio. Las principales protagonistas han sido mujeres y niñas que se atreven a desafiar al régimen con actos simbólicos de protesta (agitando un velo atado a un palo o compartiendo sus vídeos con el pelo al aire), pero también se han unido hombres, e incluso algunas mujeres con hiyab que desean subrayar así su apoyo a la libertad de elección. Esto es importante para Amnistía Internacional, que defiende que las mujeres deben ser libres de decidir si quieren o no llevar determinados símbolos y prendas en función de sus creencias religiosas, sus costumbres culturales o cualquier otra razón.
La fuerza del movimiento por los derechos de las mujeres ha descolocado al régimen, que ha reaccionado con una dura campaña de represión lanzada ya en diciembre de 2017/enero de 2018 e intensificada durante las actuales protestas por la muerte de Mahsa Amini. De hecho, el máximo órgano militar de Irán dio instrucciones a sus jefes provinciales de “reprimir con severidad” las manifestaciones y aplastar sistemáticamente las protestas sin reparar en medios.
A falta de un balance oficial de víctimas mortales, organizaciones de derechos humanos las cifraban a finales de octubre en más de 200. La propia Amnistía Internacional, que cree que el número real es aún mayor, pudo identificar a 144 (el 16% menores de edad) entre el 19 de septiembre y el 3 de octubre. El régimen se ha limitado a hablar de 516 manifestantes detenidos y anunciar que serán juzgados en breve.
En la actual cadena de protestas, Amnistía Internacional ha documentado el uso generalizado y no justificado de medios letales y armas de fuego por las fuerzas de seguridad, que ya recurrieron a esos métodos ilegítimos para reprimir las movilizaciones de noviembre de 2019, cuando causaron la muerte de cientos de manifestantes y transeúntes. Ahora, como entonces, también han empleado gas lacrimógeno, cañones de agua y porras para dispersar a quienes expresaban su descontento.>
Concentración celebrada en Francia en apoyo del pueblo iraní, víctima de flagrantes violaciones de derechos humanos. © Benjamin Girette
Las mentiras del gobierno para justificar sus violaciones de derechos humanos
En un intento de esquivar responsabilidades, el régimen ha difundido relatos falsos que describen a las víctimas como “peligrosas” o "violentas”. También ha intimidado y hostigado a sus familiares para que guarden silencio, hasta el punto de prometerles compensaciones económicas si grababan vídeos para atribuir la responsabilidad de las muertes a “alborotadores” que trabajan para “enemigos” de Irán. En el caso de las víctimas adolescentes, las autoridades no han dudado en atribuir falsamente sus muertes a suicidios o accidentes.
Víctimas asesinadas por las fuerzas de seguridad iraníes en la provincia de Sistán y Baluchistán, la tercera más grande del país. © Private
Muchas de esas mentiras oficiales han sido ya desmontadas. El abogado de un muchacho de 14 años publicó en Internet una copia del certificado de defunción para aclarar la causa: “hemorragia y tejido cerebral destrozado” por “ser alcanzado por un proyectil de movimiento rápido”. Y también Amnistía ha puesto al descubierto varios intentos gubernamentales de encubrimiento. Al padre de un joven de 17 años fallecido por balazos en el pecho, los servicios de inteligencia le obligaron –bajo amenaza de matar o hacer daño a sus hijas– a grabar un vídeo en el que atribuía la muerte a un accidente de coche. Y a las familias de dos muchachas de 16 años muertas por golpes policiales en la cabeza, las hostigaron e intimidaron para que grabasen vídeos que avalaran la versión oficial de que ambas se habían “suicidado” al saltar desde un tejado.
En cuanto al argumento gubernamental de los manifestantes violentos, hay indicios de que algunos lanzaron piedras y dañaron vehículos policiales, pero Amnistía Internacional recalca que esa actitud de una minoría no justifica el uso de medios letales como los proyectiles metálicos, que está prohibido en toda circunstancia. Según las normas internacionales de derechos humanos, las fuerzas de seguridad no deben emplear armas de fuego excepto para defenderse o defender a otras personas contra una amenaza inminente de muerte o lesión grave, y sólo cuando los medios menos extremos y lesivos sean insuficientes para proteger la vida.>
Una manifestante coloca flores sobre la fotografía de un hombre ejecutado durante una manifestación contra la investidura del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, 5 de agosto de 2021. © Adrian Dennis/AFP vía Getty Images
Récord de ejecuciones en Irán. La pena de muerte, al alza
El negativo balance de Irán en materia de derechos humanos tiene en la pena de muerte otro trágico capítulo. Tras una relativa pausa durante la pandemia, las ejecuciones han vuelto a ser habituales desde principios de 2022, y también las ejecuciones masivas en las prisiones. Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos han denunciado las altas cifras de este año (251 hasta el 30 de junio), y temen que supere ampliamente las 314 de 2021, que ya había marcado un terrible récord desde 2017. Dado el secretismo oficial en torno a las condenas a muerte, lo más probable es que la cifra real sea superior.
El 58% de las personas ejecutadas en la primera mitad de 2022 (146) habían sido condenadas por asesinato, aunque hay constancia de numerosos procesos manifiestamente injustos. Al menos otras 86 personas fueron ejecutadas por delitos de drogas que, según el derecho internacional, no se deben castigar con la muerte. Esta cifra remite a las nefastas prácticas antidroga de los años 2010-2017, cuando la mayoría de ejecuciones fueron por ese tipo de delitos. En noviembre de 2017, la intensa presión internacional –incluida la suspensión por algunos países europeos de fondos para operaciones policiales antidroga en Irán– provocó reformas legales para eliminar la pena de muerte para algunos delitos en ese ámbito, aunque la deseada reducción de ejecuciones aún dista de consolidarse.
Por otra parte, al menos 65 (el 26%) de las ejecuciones registradas en la primera mitad de 2022 corresponden a personas de la empobrecida minoría étnica baluchi, que apenas representa el 5% de la población de Irán.>
“En Irán la pena capital suele ir precedida de juicios sistemáticamente injustos en los que se admiten como prueba 'confesiones' extraídas mediante tortura”
Además de los ya mencionados, la pena de muerte también se aplica a delitos económicos, violaciones, robos a mano armada, las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo, las relaciones sexuales extramatrimoniales y las expresiones consideradas “insultantes para el profeta del Islam”, además de otros delitos tan imprecisos como “enemistad con Dios” y “propagación de la corrupción en la Tierra”. En este país, la pena capital suele ir precedida de juicios sistemáticamente injustos en los que, de manera habitual, se admiten como prueba “confesiones” extraídas mediante tortura.
Fotografía en blanco y negro que muestra a varios presos intentando mirar por una ventana enrejada de la prisión de Evin, en Irán. Esta cárcel destaca por su pabellón de presos políticos en el que han estado recluidos prisioneros políticos antes y después de la Revolución Islámica de 1979.
Tortura y otros malos tratos, más ejemplos de derechos humanos vulnerados en Irán
Otro grave capítulo de la impunidad represiva en Irán son las torturas y otros malos tratos a personas detenidas o encarceladas. En septiembre de 2021, una investigación de Amnistía Internacional denunciaba la ausencia de rendición de cuentas en al menos 72 muertes bajo custodia desde enero de 2010, a pesar de que informes verosímiles indicaban como causa la tortura u otros malos tratos o el uso letal de armas de fuego y gas lacrimógeno por agentes. Ni un solo funcionario público ha respondido por ello.
Las autoridades iraníes suelen atribuir las muertes bajo custodia a suicidio, sobredosis de drogas o enfermedades como derrames cerebrales y ataques cardiacos. Pero lo hacen sin investigaciones independientes que respalden su versión, y mientras agentes de inteligencia y seguridad intimidan y acosan con frecuencia a familiares de las víctimas fallecidas en circunstancias sospechosas, sobre todo cuando ponen en duda públicamente las explicaciones oficiales o buscan reparación legal. También están documentadas las presiones a las familias para que entierren a sus seres queridos de inmediato y sin una autopsia independiente.>
“Las torturas y otros malos tratos en la prisión de Evín han sido ampliamente documentados”
Las torturas y otros malos tratos en la prisión de Evín han sido ampliamente documentados, incluso con imágenes de vídeo cuya veracidad ha llegado a ser confirmada por altos cargos iraníes. Grabaciones filtradas en agosto de 2021 aportaron escalofriantes evidencias de palizas, acoso sexual y negligencia deliberada en la atención médica, algo que Amnistía lleva años poniendo de relieve. Los vídeos demuestran también la preocupación por el hacinamiento crónico y el régimen de aislamiento en condiciones crueles e inhumanas.
Los funcionarios de seguridad someten habitualmente a las personas privadas de libertad a tortura y otros malos tratos, sobre todo durante los interrogatorios en centros de detención. Entre los métodos de tortura documentados por Amnistía Internacional figuran azotes, descargas eléctricas, simulacros de ejecución y de ahogamiento, violencia sexual, suspensión, ingesta forzada de sustancias químicas y privación deliberada de atención médica. Pero esos abusos, en palabras de Heba Morayef, “no son más que la punta del iceberg de la epidemia de tortura que asola Irán”, que debe ser enfrentada de raíz. “Si las autoridades iraníes quieren que sus promesas de rendición de cuentas no suenen vacías, deben permitir inmediatamente que observadores internacionales, incluido el relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Irán, lleven a cabo inspecciones independientes en Evín y otras prisiones, con arreglo a las normas internacionales”.>
