El 15 de junio es el Día Mundial de Toma de Conciencia contra el Abuso y el Maltrato en la Vejez. Seguramente no es un día relevante en las agendas personales de cada una de nosotras ni tampoco está marcado en las agendas políticas ni televisivas locales o nacionales, como puede ser el 8 de Marzo, Día de la Mujer Trabajadora; el 28 de junio, Día del Orgullo LGTBIQ+; o el 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos.
Sin embargo, es un día muy significativo que debemos esforzarnos por poner en el centro de la coyuntura social y política, ya que nos recuerda cómo las personas mayores siguen relegadas de la esfera pública; de la participación en la toma de decisiones sobre políticas y leyes que les afectan de manera directa y cómo, lamentablemente en ocasiones, son objeto de aislamiento y maltrato por parte de las instituciones públicas cuyo deber es protegerlas como titulares de derechos.
Una persona mayor de 94 años que vive en una residencia, se despide de sus familiares. © REUTERS/Nacho Doce
Durante la pandemia de COVID-19, tal y como hemos denunciado en reiteradas ocasiones desde Amnistía Internacional, tanto en España como en otros países, los gobiernos aplicaron políticas que ocasionaron miles de muertes evitables en residencias de todo el mundo, creando además niveles de aislamiento social sin precedentes entre las personas mayores. En nuestro informe “Abandonadas a su suerte”, lanzado en diciembre de 2020, documentamos la desprotección y discriminación a la que se enfrentaron las miles de personas mayores que vivían en residencias durante el pico de la primera ola de la pandemia (es decir, desde la segunda semana de marzo hasta mediados de abril aproximadamente) en la Comunidad de Madrid y Cataluña, cuyos derechos humanos fueron vulnerados por las instituciones. Hablamos del derecho a la vida; el derecho a la salud; el derecho a no sufrir discriminación; el derecho a la vida familiar y la vida privada, así como el derecho a una muerte digna.
Posteriormente, a casi dos años del primer caso de COVID-19 detectado en España, y una vez que ya teníamos la certeza de que más de 35.500 personas mayores que vivían en residencias de todo el Estado habían fallecido, dimos la voz de alarma por la falta de verdad, justicia y reparación que estaban padeciendo las familias de estas personas cuyos derechos habían sido violados, así como el inmenso daño y sufrimiento que estaba provocando que casi el 90% de las diligencias hubieran sido archivadas por el Ministerio Fiscal.
Una persona mayor acaricia la cara de una trabajadora social mientras participa en un concurso de dibujo con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores en la residencia de Casaverde en Navalcarnero, España, 1 de octubre de 2021. © REUTERS/Susana Vera
A comienzos de este año, volvimos a denunciar cómo las autoridades seguían incumpliendo su obligación de investigar de forma exhaustiva las vulneraciones sufridas, señalando específicamente a seis instituciones como las principales responsables de las violaciones a los derechos humanos que padecieron más de 35.000 personas mayores y sus familias: el Gobierno central, los gobiernos autonómicos, el Congreso de los Diputados; la Defensoría del Pueblo, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado. Y es que España es el segundo país, después de Canadá y seguido de Irlanda, con mayor número de muertes en residencias respecto a la mortalidad total por COVID-19.
A cada una de estas instituciones le hacemos una exigencia diferenciada:
- A la Fiscalía General del Estado, le exigimos la reapertura de los casos archivados, que son el 90% de todos los casos, en los que debe incluir los testimonios de las familias y realizar diligencias de investigación adecuadas así como facilitar datos completos;
- Al Defensor del Pueblo, le pedimos que realice un monográfico de investigación sobre las muertes y que incluya recomendaciones para las autoridades;
- Al Consejo General del Poder Judicial, le reclamamos la realización de un seguimiento sobre si las víctimas están consiguiendo acceso a la justicia tal y como indican las normas internacionales;
- Al Gobierno central, le pedimos que lleve a cabo un acto público de reconocimiento de esta tragedia que podría haberse evitado, además de la aprobación de un nuevo modelo residencial que respete los derechos y la dignidad de las personas mayores, asegurando que una situación tan dolorosa no vuelva a suceder nunca más;
- Al Congreso la creación de una comisión de la verdad que esclarezca lo sucedido.
Una anciana recibe un refuerzo de la vacuna contra la COVID-19. © REUTERS/Marcelo del Pozo
Las personas mayores, además de seres queridos, son titulares de derechos sobre los que los gobiernos y sus instituciones tienen obligaciones de protección, lo que fuerza a los Estados a ser proactivos y elaborar leyes que los protejan. Sin embargo, en la actualidad, no existe ningún tratado internacional sobre los derechos de las personas mayores, por lo que desde Amnistía Internacional, ante la legislación vigente que ofrece una protección inadecuada pedimos una convención de la ONU específica para las personas mayores, que salvaguarde sus derechos, su dignidad y su seguridad.
De cara a las recién elegidas autoridades autonómicas como a las autoridades centrales que emanen de las elecciones generales del 23 de julio, seguiremos exigiendo que cumplan con su deber de proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas, incluyendo las personas mayores, y que pongan todos sus esfuerzos en investigar de manera pronta, exhaustiva y eficaz las vulneraciones que sufrieron aquellas que vivían en residencias durante la primera ola de la pandemia, asegurando que las personas responsables comparezcan ante la justicia.
De igual manera, seguiremos exigiendo que, para que una tragedia de tal envergadura no vuelva a suceder, es necesario fortalecer los sistemas de cuidado tanto de atención primaria como de larga duración, a través del aumento de la inversión pública. Un nuevo modelo residencial debe garantizar un sistema de inspecciones transparente y sin previo aviso, que cuente con indicadores; el aumento del ratio del personal, incluyendo personal sanitario; además de garantizar la participación de las personas mayores, organizaciones de la sociedad civil y sus representantes en las decisiones que les afectan, tal y como expusimos en el Documento de propuestas para autoridades estatales y autonómicas sobre leyes que protegen a las personas mayores, por lo que seguiremos pendientes de su implementación.>
