“Quien tiene barcos, tiene amigos en todos lados”, dice el refranero español.
Más allá de las amistades del Rey emérito con las monarquías del Golfo y las denuncias de presunta corrupción y cobro de comisiones, en la última década, el Gobierno español ha impulsado la presencia de empresas españolas en proyectos como el del AVE a La Meca o el metro de la capital saudí y la venta de armas, como la de las cinco corbetas fabricadas por Navantia para Arabia Saudí por unos 1.800 millones de euros. Esta es una de diversas exportaciones de armas controvertidas a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos (EAU) o Egipto por el riesgo de que se usen para cometer atrocidades en Yemen o Libia o en la represión interna. Así lo señalamos en nuestro análisis de las ventas españolas de armas en 2020, en el que reclamamos la suspensión de transferencias de armas a Arabia Saudí, Colombia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Israel, Irak y Turquía, así como restricciones en la venta de material antidisturbios a Argelia, Francia Perú, Togo y Túnez.
Ataques aéreos liderados por Arabia Saudí en Saná, Yemen, 2 de julio de 2020. © REUTERS/Khaled Abdullah
En 2021 han continuado las visitas oficiales al Golfo para apoyar la internacionalización de las empresas españolas y buscar inversores en los proyectos de recuperación tras la pandemia, con giras de la ex ministra de Asuntos Exteriores y de la secretaria de Estado de Comercio. Esta última, en su comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso en junio de este año confirmó que estaba a la espera de que Navantia pida la licencia de exportación de las corbetas. La empresa prevé entregar el primero de estos barcos en enero de 2022 y los restantes entre mayo de 2022 y junio de 2023, en intervalos de cuatro meses. La decisión que se adopte marcará el signo de la política del gobierno actual sobre la venta de armas en esta legislatura.
Pese a que el Parlamento Europeo pide el fin de la exportación de armas a la coalición encabezada por Arabia Saudí y Emiratos, el gobierno está a favor de la venta de las corbetas y afirmó, en la comparecencia parlamentaria de junio, que “se analizan y se cumplen los criterios de la Posición Común, por supuesto, en el análisis de las exportaciones que tienen lugar a Arabia Saudí y a Emiratos”. Amnistía Internacional (AI) cree que no es así.
El gobierno quiere que nos fiemos a ciegas de su afirmación cuando no hay forma de saber si es cierta, porque las actas de las reuniones de la Junta Inteministerial que regula la venta de armas son secretas desde 1987. Por ello los miembros del Parlamento no pueden comprobar este extremo, pero los datos apuntan en la dirección contraria a la afirmación del gobierno. En este artículo explicaremos varias medidas que AI ha propuesto al gobierno y al Congreso para avanzar en transparencia y control.
Unos niños sostienen la metralla de un misil que recogieron en el lugar de un ataque aéreo liderado por Arabia Saudí en Saná, Yemen, el 20 de enero de 2019. © REUTERS/Khaled Abdullah
Medidas para controlar la venta de armas
1) Convocar la Comisión de Secretos Oficiales
La primera solución pasa por convocar la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso para examinar las evaluaciones de riesgo de exportaciones preocupantes como la de las corbetas. Un mecanismo similar funciona en Suecia, por ejemplo, donde el parlamento tiene un papel consultivo en estas decisiones y Canadá ha hecho un ejercicio parecido revisando sus exportaciones a los saudíes.
Hasta la fecha, el gobierno ha hecho oídos sordos a la demanda de las ONG de acabar con la opacidad que rodea sus decisiones sobre venta de armas.
2) Modificar o revocar la decisión del Consejo de ministros que clasifica como secretas las actas de la Junta Interministerial
He aquí la segunda receta para solucionar esta situación: modificar o revocar la decisión del Consejo de ministros de marzo de 1987 que clasifica como secretas las actas de la Junta Interministerial que regula el comercio de armas.
Ataque aéreo liderado por Arabia Saudí en Saná, Yemen, 30 de marzo de 2020. © REUTERS/Khaled Abdullah
3) Dejar de bloquear en el Congreso
Si al gobierno no le convence, tenemos otra (y van tres): dejar de bloquear en el Congreso, con las continuas ampliaciones del plazo de enmiendas, el debate de una Proposición de Ley del PNV que permitiría avanzar en este terreno.
4) Presentar una nueva Ley de Secretos Oficiales que cumpla con las normas internacionales
¿La cuarta solución? presentar una nueva Ley de Secretos Oficiales que cumpla las normas internacionales garantizando que toda restricción del derecho de acceso a la información cumpla los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
Hace ya cuatro años (y en cartas e informes dirigidos al gobierno desde 2016), expliqué en el programa “Salvados” de Jordi Évole que la exportación de estas corbetas es ilegal. El gobierno se juega ser cómplice de la comisión de crímenes de guerra en Yemen y colocarse o no del lado bueno de la historia. Los diferentes gobiernos españoles autorizaron, entre 2015 y 2020, exportaciones de armas a Arabia Saudí por valor de más de 1.800 millones de euros, de más de 500 a EAU (pese al riesgo de desvío para su uso en el conflicto de Yemen) y de casi 400 a Egipto.
Pero veamos qué pasa en Yemen. Según el último informe del Grupo de Expertos sobre Yemen del Consejo de Derechos Humanos publicado el 10 de septiembre, Yemen es “una nación abandonada”, sumida desde 2015 en un conflicto que califica de “pandemia de impunidad con un vacío de responsabilidad”. Destaca la ausencia de voluntad política para solucionar la mayor catástrofe humanitaria del planeta, según la ONU. Señala también que no puede haber paz sin justicia, y eso pasa por respetar los derechos humanos. Reitera que “la venta de armas es el combustible que perpetúa el conflicto”, por lo que recomienda a los Estados que dejen de proporcionar armas y apoyo militar a las partes. ¿Seguirá España haciendo caso omiso de esta recomendación?
Hay datos que matan. Desde septiembre de 2020 a 2021 la organización yemení Mwatana for Human Rights ha documentado un catálogo de horrores sin igual. Ha registrado más de 100 incidentes en los que centenares de civiles han muerto, han sido detenidos y torturados por todas las partes en conflicto, decenas de ataques aéreos, incluidos bombardeos de hospitales, casos de uso de minas antipersonas, desapariciones forzadas y denegación de asistencia humanitaria y el uso continuado de la hambruna como arma de guerra, prohibido por el derecho internacional humanitario, como consecuencia del bloqueo naval y aéreo impuesto por la coalición saudí-emiratí. Desde 2015, la coalición ha llevado a cabo más de 23.000 ataques aéreos (una media de 10 al día), decenas de los cuales son presuntos crímenes de guerra documentados por AI y la propia ONU al ser ataques deliberados e indiscriminados contra civiles. Los casi siete años de conflicto se han cobrado cerca de 20.000 víctimas civiles.
El carguero saudí Bahri-Yanbu entra en el puerto de Santander. Previamente, un grupo de activistas intentaron bloquear la carga de un cargamento de armas en Le Havres, argumentando que podrían ser utilizadas contra civiles en Yemen. REUTERS/Vincent West
5) Condicionar la autorización de exportación
Llegados a este punto, la pregunta es ¿debe autorizar el gobierno la exportación de las corbetas de Navantia en estas circunstancias? La quinta medida que proponemos es condicionar la autorización de exportación a que las corbetas no se usen para matar de hambre ni atacar a la población civil de Yemen.
Esta recomendación se apoya en dos obligaciones que tiene el gobierno. Por un lado, el artículo 1 de los Convenios de Ginebra (las “leyes de la guerra”) establece la obligación de “respetar y hacer respetar” el derecho internacional humanitario. Por ello, los Estados deben abstenerse de transferir armas "si existe la expectativa, basada en hechos o en el conocimiento de patrones previos, de que dichas armas podrían utilizarse para violar el derecho internacional humanitario", como ocurre en este caso. Por otro lado, el gobierno está obligado a hacer una evaluación de riesgo antes de cualquier transferencia de armas y aplicar el artículo 6, párrafo 3 del Tratado sobre el Comercio de Armas, que prohíbe las transferencias de armas cuando podrían utilizarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra.
De la primera de estas obligaciones se deriva un arma muy poderosa que el gobierno es reacio a emplear: el condicionamiento, la limitación o el rechazo de las transferencias de armas como instrumento de cambio en su política exterior. Es precisamente una de las medidas positivas (las negativas serían, por ejemplo, aplicar un embargo) derivadas de la obligación de no alentar las violaciones del derecho internacional humanitario por las partes en un conflicto armado. Por eso mismo el Comité Internacional de la Cruz Roja aboga por que los Estados, en la medida de lo posible, ejerzan su influencia para hacer que cesen esas violaciones. Es llamativo hasta qué punto el gobierno español es reacio a usar esta herramienta (y selectivo, porque solo lo ha hecho con Venezuela, de conformidad con las normas internacionales por los crímenes de lesa humanidad cometidos en este país desde 2014 y la crisis de derechos humanos que atraviesa).
Varios menores llevan sus pertenencias en el lugar de un ataque aéreo lanzado por la coalición liderada por Arabia Saudí en Saná, Yemen, 16 de mayo de 2019. © REUTERS/Mohamed al-Sayaghi
6) Creación de un Grupo de Trabajo sobre la Conversión de la industria de defensa
La sexta solución para paliar los potenciales efectos económicos de una medida como la anterior pasa por la creación de un Grupo de Trabajo sobre conversión de la industria de defensa en el que participen representantes de la administración, las empresas del sector, los sindicatos y personas expertas de la sociedad civil. Si desde hace años existe un Grupo de Trabajo que apoya la internacionalización de la industria armamentística, ¿por qué no uno que favorezca su conversión? Lo lógico sería abordar casos en que la suspensión de las transferencias de armas españolas pueda tener un efecto económico significativo y proponer medidas que se beneficien de, entre otras, las del Plan de recuperación del Gobierno con los fondos “Next Generation".
Con el caso de las corbetas de Navantia, el gobierno se enfrenta a la prueba del algodón de su compromiso con los derechos humanos y la paz. Bien haría en recordar que “Mas vale honra sin barcos, que barco sin honra”. Y no podrá decir que no hay alternativas.
